La aprobación de la reforma de pensiones en el Senado tuvo un inesperado vuelco internacional durante la noche de este martes, luego de que un grupo de aseguradoras privadas estadounidenses denunciaran que el proyecto constituye una «expropiación» de sus inversiones en el país.
La controversia se desató con una carta enviada por el American Council of Life Insurers (ACLI), asociación que agrupa a tres compañías dueñas de AFP en Chile: Metlife (ProVida), Principal Financial Group (Cuprum) y Prudential Financial (Habitat).
En la misiva, las aseguradoras denuncian que el proyecto aprobado en el Senado socava los tratados internacionales que ha firmado Chile con Estados Unidos, y que sus disposiciones «violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones».
«A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses», advierte la carta.
En concreto, las aseguradoras apuntan contra la licitación del stock de afiliados que contempla la reforma, lo que constituiría -a su juicio- «una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional».
Además, señalan que la intención de la ministra Jara de introducir un inversor público en el sistema «afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas«.
Finalmente, la carta vuelve a advertir que la reforma «perjudicaría la posición global del país y disuadiría la inversión extranjera futura (…) La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile. El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal».
La misiva fue enviada al presidente Gabriel Boric, al ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra del Trabajo, Jeanette Jara; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el secretario general del Senado, Raúl Guzmán; y el presidente del Senado, José García Ruminot.
Oficialismo acusa agravio a la soberanía nacional
La carta del American Council of Life Insurers generó controversia en el mundo político, particularmente por su tono amenazante y las advertencias de posibles repercursiones por parte de la administración Trump.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó en CNN Chile que «el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional» y que «los afiliados no son propiedad de nadie, son personas».
A pesar de esto, la secretaria de Estado afirmó que el Gobierno se encuentra analizando el contenido de la misiva y la responderá una vez que se hayan reunido todos los antecedentes del caso.
En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) señaló que «la carta de las empresas norteamericanas dueñas de las AFP en contra de la reforma de pensiones y que contiene amenazas a Chile es un desafío y un agravio a nuestra soberanía e independencia».
«Emplazo al Partido Republicano a que transparente si su intento de evitar que la reforma de pensiones se vote en el Congreso Nacional responde a alguna orientación o está vinculada al planteamiento de estas empresas extranjeras que pretenden impedir que suban las pensiones a los Chilenos», agregó el parlamentario.