El gobierno cerró el año 2024 envuelto en una nueva polémica tras la compra de la exresidencia de Salvador Allende. El incidente mediático trajo consigo la renuncia de la, en ese entonces, ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Junto con esto, a principio de este mes el congreso aprobó la creación de una comisión investigadora, con el objetivo de determinar las presuntas responsabilidades en la fallida compraventa.
Este 30 de enero, CIPER publicó un reportaje que revela nuevos antecedentes en el caso. Según la investigación, la exministra Sandoval y su equipo alertaron a la Presidencia que la compra de la casa de Allende, sería un problema comunicacional.
La preocupación tanto de la ministra, como de los otros funcionarios del ministerio, advertían de posibles “cuestionamientos éticos”. Principalmente, por los casi mil millones de pesos que recibiría la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, por ser propietaria del inmueble.
Según la investigación, Sandoval se comunicó con Leonardo Moreno, asesor de la Presidencia, para comunicarle su inquietud. En esa misma llamada, se discutieron las consecuencias políticas y mediáticas que podría traer la compraventa. También se presentaron otras alternativas para adquirir la residencia, que finalmente se descartaron. Sin embargo, esta advertencia no incluyó el aviso de que la compra era inconstitucional.
La Constitución prohíbe que un ministro de Estado mantenga contratos con el Estado. Según especifica la Carta Fundamental, “Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
El caso está siendo investigado por presunto fraude al fisco, y la investigación está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. La ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende fueron citadas a declarar en calidad de imputadas, al igual que la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.