Negligencia fatal: Clínica privada obligada a pagar $1.050 millones por la muerte de un niño

Este 27 de enero, el Tercer Juzgado de Letras de Iquique dictaminó que Serviclinica Iquique S.A. (Clínica Tarapacá) deberá pagar una indemnización de $1.050.000.000 por daño moral a la familia de un niño que falleció debido al actuar negligente de los médicos. Según lo documentado en el fallo, los profesionales realizaron un diagnóstico sin analizar de manera detallada y exhaustiva el cuadro clínico que presentaba el infante.

El encargado de dar consenso a la resolución de la demanda fue el magistrado David Sepúlveda Cid, quien además afirmó que los médicos actuaron de manera negligente. 

“[…] desatendiendo los síntomas que presentaba el niño, realizando evaluaciones clínicas incompletas y prescribiendo medicamentos que pudieron enmascarar la gravedad del cuadro clínico que presentaba, actuando además sin sentido de urgencia, ordenando su hospitalización en su propio centro asistencial que no contaba con médicos especialistas ni monitoreo constante, lo que, en suma, llevó a que su cuadro clínico se agravara ocasionándole la muerte”, estableció el fallo. 

De igual manera, el dictamen consignó que “ha quedado establecido el incumplimiento de la demandada, pues como se dijo, las diversas atenciones que recibió el niño fueron deficientes, poco acuciosas, sin la debida diligencia, ignorando los signos y síntomas que presentaba, sin sentido de urgencia, y con una evidente falta de reconocimiento de la gravedad del cuadro clínico que atravesaba”.

Una de las aristas importantes, según detalla el documento judicial, fue el informe psicológico de la denunciante (madre de la víctima), puesto que “emanan presunciones que, por sus caracteres de precisión, gravedad y concordancia necesarias”, permitieron concluir la “afección emocional que la actora ha sufrido a raíz de la muerte de su hijo”.

Finalmente, el fallo obliga a la clínica privada a indemnizar a la familia con $1.050.000.000, de los cuales $350.000.000 quedaron fijados para la denunciante y 700.000.000 para el padre, hermanos y abuelos de la víctima, ya que fueron declarados como víctimas indirectas.