Denuncian a parlamentarios de complicidad en crímenes forestales y montajes comunicacionales

Como actos insólitos, patéticos e incongruentes, fue catalogada la intervención de algunos parlamentarios chilenos con respecto a la situación Mapuche en la región de la Araucanía, quienes llevan adelante una serie de pronunciamientos públicos e interpelaciones en la cámara. Es el caso del diputado José Manuel Edwards (en la foto), quien fue señalado de complicidad en crímenes forestales y de no tener autoridad moral para referirse a la paz social.

Denuncian a parlamentarios de complicidad en crímenes forestales y montajes comunicacionales

Autor: Sebastian Saá

jose edwards

Alfredo Seguel, comunicador social e integrante del grupo de trabajo Mapuche por derechos colectivos, hizo alusión a las prácticas que ciertos parlamentarios vienen sosteniendo con respecto a los conflictos territoriales que se viven en la región de la araucanía y en especial, a los intentos de continuar con políticas de discriminación, racismo y neocolonialismo frente a las reivindicaciones de comunidades.

Para Seguel, Edwards es un ejemplo de lo que representan ciertos sectores políticos que sólo pretenden mantener un clima de hostilidad, represión, criminalización frente a las reclamaciones de derechos que hacen comunidades. “Este diputado, no solo fue parte de un levantamiento comunicacional en sindicar a móviles Mapuche en criminales incendios forestales que tienen directa responsabilidad con las empresas, sino además, ha estado empecinado en vincular acciones mapuche con terrorismo, fomentando el imperante racismo”.

El diputado Edwards durante el año 2010, en varias ocasiones hizo de manera pública la relación entre grupos internacionales beligerantes como Las Farc y Mapuches; y en enero del año 2010, sin que existiese prueba alguna, luego de fatídicos incendios forestales, responsabilizaba a móviles mapuche, existiendo clara evidencia de la responsabilidad criminal de las propias empresas forestales, cuyos antecedentes deberían ser atendidos por instancias de fiscalización del aparato público.

A continuación la declaración:

1.- Resulta patético, incongruente e insólito ver a ciertos parlamentarios referirse a la situación Mapuche en la región de la Araucanía, sin que tengan ninguna autoridad moral ni legitimidad alguna para hablar de paz social, más aún cuando han sido parte de campañas orquestadas y actos conspirativos que sólo han buscado causar daño a las reclamaciones por derechos que vienen haciendo comunidades.

2.- Hay parlamentarios en ejercicio que vienen desde hace años, sin prueba alguna, vociferando de relaciones entre grupos beligerantes entre las Farc y grupos extremistas mapuches, calificada de vínculos “terroristas”, sostenida por parlamentarios en ejercicio, entre ellos el senador Alberto Espina, los diputados Cristián Monckeberg, José Manuel Edwards, entre otros.

3.- Es importante señalar que tanto el Senador Espina y el diputado Edwards sostuvieron en enero del año 2012, a través de diversos medios de prensa, que los incendios forestales ocurridos hasta ese entonces tenían relación con móviles Mapuche, dejando un manto de incertidumbre, desconfianza y propiciando un clima de mayor racismo, en especial, considerando el fatídico incendio en Carahue que arrojó a brigadistas forestales muertos.

4.- Las conjeturas que han venido utilizando estos parlamentarios para relacionar todo acto con características criminales con móviles mapuche, más allá de una organización en específico, hacen, que comunicacionalmente, se atribuya responsabilidad criminal a un pueblo entero ante la opinión pública, desviando así la atención de temas de fondo y omitiendo la responsabilidad que pudiese existir en las propias empresas u otros actores con interés en mantener un clima de conflicto para no dar solución a las reivindicaciones Mapuche.

5.- Resulta paradójico y de enorme liviandad que se acuse abusivamente fomentando un clima de conflictos y fomento a mayor represión y criminalización en la Araucanía y por otro lado, se hable de paz social y de búsqueda de soluciones. El diputado Edwards, a modo de ejemplo, no tiene autoridad moral alguna para asumir ningún rol en ese sentido. Este diputado, no solo fue parte de un levantamiento comunicacional en sindicar a móviles Mapuche en criminales incendios forestales que tienen directa responsabilidad con las empresas, sino además, ha estado empecinado en vincular acciones mapuche con terrorismo, fomentando el imperante racismo. Jamás Edwards ha tenido un acto juicioso para que se revisen fehacientemente ciertos hechos, por el contrario, ha fomentado mayor estigmatización a la realidad Mapuche, a la aplicación de la ley antiterrorista, mayor dotación policial y desvío a las reclamaciones por derechos. Asimismo, tampoco ha considerado las propias responsabilidades empresariales en los incendios forestales, atendiendo los graves impactos que esta industria viene generando en diversos territorios.

6.- Cabe mencionar que a fines del 2011 e inicios del 2012 hubo una multiplicación de incendios mayoritariamente en plantaciones de pino relacionados a la sequía, con quemas de casi 50.000 hectáreas mayoritariamente de pino en el centro sur de Chile, particularmente entre el Bio Bio y la Araucanía, periodo que finalizó con la muerte de los 7 brigadistas en Carahue en un fundo de la empresa forestal Mininco donde se trató de incriminar a Mapuches, sin embargo, gran parte de estas quemas fueron coincidentes con la avanzada de la plaga de la avispa taladradora que se mantiene en descontrol absoluto, donde, las empresas tienen pérdida totales ya que inutiliza la madera, lo que no tiene cobertura de seguros, sin embargo, por incendios forestales si tienen seguros comprometidos, por ello, según se ha denunciado, han requerido de un chivo expiatorio.

7.- Cabe consignar que en agosto del año 2013, se ingresó un informe denuncia al Comité de eliminación discriminación racial de la ONU sobre la situación de incendios forestales y racismo que afecta al Pueblo Mapuche, presentado por organizaciones y comunidades, dichos antecedentes, deberían ser parte activa de instancias de organismos fiscalizadores del aparato público, no solo por los impactos sociales, ambientales, económicos que este tipo de industrias vienen generando, sino además, por la complicidad de ciertos políticos parlamentarios y sus montajes comunicacionales.


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