Presidencia ignoró alertas sobre ilegalidades en la compra de la casa de Allende, según CIPER

Luego de 40 días siguen las repercusiones políticas tras la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno para transformarla en un museo.

El incidente mediático trajo consigo la renuncia de la, en ese entonces, ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Junto con esto, a principio de enenro el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora, con el objetivo de determinar las presuntas responsabilidades de este caso.

El pasado 30 de enero, CIPER publicó un reportaje en el que se reveló la exministra Sandoval y su equipo alertaron a la Presidencia que la compra de la casa de Allende, sería un problema comunicacional, argumentando posibles “cuestionamientos éticos”.

La preocupación radicaba en que la operación por un monto cercano a los 1.000 millones de pesos beneficiaba a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista Isabel Allende, familiares directas del exmandatario y propietarias del inmueble.

Según la investigación del medio digital, Sandoval se comunicó con Leonardo Moreno, asesor de la Presidencia, para comunicarle su inquietud. En esa misma llamada, se discutieron las consecuencias políticas y mediáticas que podría traer la compraventa. También se presentaron otras alternativas para adquirir la residencia, que finalmente se descartaron. Sin embargo, esta advertencia no incluyó el aviso de que la compra era inconstitucional.

Cabe recordar que la Constitución prohíbe que un ministro de Estado mantenga contratos con el Estado. Según especifica la Carta Fundamental, “Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.

Por tal motivo, este caso está siendo investigado por presunto fraude al fisco, y la investigación está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Presidencia ignoró advertencias sobre ilegalidades en compra de casa de Allende

Tras la polémica generada por estos antecendentes, ayer lunes 10 de febrero, CIPER publicó un nuevo reportaje en el que reveló que efectivamente Presidencia recibió advertencias sobre los problemas legales que tenía la compra de la casa de Allende.

Según este medio, dichas alertas se presentaron en al menos dos reuniones celebradas en mayo y en octubre de 2024.

«La situación fue expuesta directamente ante el asesor de la Presidencia que gestionó este operación., Leonardo Moreno, y la abogada Bernardita Nazar, también asesora de La Moneda. En dichos encuentros se esxpusieron los problemas jurídicos de la compraventa de la casa, relacionados con el conflicto de interés que suponía cerrar el trato con una ministra de Estado en ejercicio», señaló CIPER.

En su reportaje, el medio digital también reveló que entre abril y octubre de 2024 se llevaron a cabo una serie de reuniones que contaron con la participación de los jefes de gabinete de los ministros de Bienes Nacionales y de las Culturas y las Artes, así como los asesores de la Presidencia.

De acuerdo con el testimono de personas que estuvieron al tanto tanto del proceso de la compraventa como las reuniones que se efectuaron para concretar la operación, las cuales pidieron la reserva de sus identidades, la primera advertencia se produjo en el marco de una reunión realizada entre mayo y junio del año pasado.

Los asesores de la Presidencia convocaron al jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, Gonzalo Pinto, y a la jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Denisse Hernández, a una reunión en el Palacio de Gobierno, la cual tuvo como finalidad integrar oficialmente al Ministerio de Bienes Nacionales al proceso de compra de las casas tanto de Patricio Aylwin como de Salvador Allende, para convertirlas en museos.

En estos encuentros se abordaron acciones para poder reducir los tiempos de la adquisición, ya que la compra debía concretarse durante el año 2024, s cumpliendo con la instrucción presidencial.

Según CIPER, tanto Pinto como Hernández le advirtieron a los asesores de Presidencia que la compra del inmueble de la familia Allende tenía problemas jurídicos importantes, y que había un conflicto de interés en el hecho de que el Estado adquiriera una casa cuya propiedad estaba en manos de una ministra en ejercicio. Asimismo, se refirieron a los posibles conflictos políticos y comunicacionales que podía traer consigo la operación.

En una reunión posterior que tuvo como lugar las inmediaciones de La Moneda y a la que asistieron los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, junto a la jefa de gabinete de la entonces ministra Sandoval, Denisse Hernández, y la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, se plantearon advertencias relacionadas con la afectación de normas generales que rigen el proceso administrativo, así somo el posible conflicto de interés con la ministra Fernández y las porbables faltas a la probidad al llevar a cabo una transacción de compraventa de un inmueble con un integrante del gabinete.

Fallida venta de la casa de Allende salpica a Boric

El caso de la fallida venta de la casa de Salvador Allende salpicó al presidente de la República, Gabriel Boric, quien se encuentra en la mira de la justicia, luego de que la Fiscalía Regional de Coquimbo activara una investigación tras admitir una nueva querella interpuesta en su contra.

a acción legal fue ingresada el pasado 22 de enero ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana y acusa malversación de caudales públicos por parte del jefe de Estado debido a un contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela.

El acuerdo, que supera los $13 millones, fue establecido para que Valenzuela representara al mandatario en la investigación relacionada con la fallida operación.

En concreto, el ente persecutor acogió diligencias solicitadas por el abogado Raimundo Palamara, quien representa a la Fundación Fuerza Ciudadana, quien entre otras cuestiones requirió se oficie al Gobierno a fin de que acompañe la resolución que sustentó la contratación vía trato del profesional por la millonaria suma, “y toda la documentación que sirvió de antecedente para dicho decreto, así como para que informe sobre el pago al defensor penal privado”, consignó La Tercera.