México – El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), liderado por Santiago Nieto, ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la mercancía ilegal, anunciando la continuación de operativos a nivel nacional. Estos esfuerzos, que ya han incautado productos por un valor superior a los mil millones de dólares, buscan proteger la economía y el comercio justo en México.
«Llevamos cinco operativos, Izazaga 89 fue el primero, y el último fue en Baja California. En total se han podido asegurar bienes por un poco más de mil millones de pesos», declaró Nieto, subrayando la efectividad de estas acciones coordinadas entre diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Economía, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y gobernadores de diversos estados.
Los operativos, que han tenido como objetivo principal productos ilegales de origen asiático, especialmente de China, se intensificarán en las próximas semanas con la incursión en dos nuevas entidades federativas. «No puedo decir los datos por el sigilo, pero esperaría que la próxima semana estuviéramos en un operativo y la siguiente semana en otro«, anticipó Nieto, demostrando el compromiso del IMPI por combatir este flagelo.
Además de la lucha contra la ilegalidad, el titular del IMPI destacó la urgencia de fortalecer la igualdad de género en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Reveló que solo el 14 por ciento de las patentes en México son solicitadas por mujeres, lo que evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que fomenten la participación femenina en la ciencia y la tecnología.
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«Solamente el 14 por ciento es de mujeres inventoras o de grupos de mujeres inventoras, es evidente que necesitamos fortalecer una ruta de una perspectiva de género en la protección de la propiedad industrial e intelectual en general, pero tanto industrial como de derechos de autor para pues las mujeres emprendedoras en nuestro país«, enfatizó Nieto.En este sentido, el IMPI también se ha comprometido a promover la inclusión de personas con discapacidad en la economía, implementando políticas públicas que les permitan acceder a la protección legal de sus productos y servicios a través de su registro.
Fotografía: Redes
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