Abogados de Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades locales calificaron de «inédita» e «ilegal» la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de acoger la solicitud de Andes Iron Spa, que podría volver a abrir el camino para la realización del Proyecto Dominga en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
En su dictamen, el tribunal ordenó que la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita una nueva resolución sobre el proyecto, en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros.
Esto tras considerar que que los ministros se excedieron en su votación del pasado 8 de enero, en la cual se rechazó por tercera vez, y de forma unánime, el cuestionado proyecto minero-portuario, poniendo énfasis en los impactos en el medio terrestre, así como en las insuficiencias en los planes de emergencia por posibles derrames.
El argumento presentada por la empresa Andes Iron SpA, controlada por la familia Délano, se basó en que en esa instancia los ministros abordaron dos nuevas materias para sustentar su nuevo rechazo que no formaban parte del fallo original.
Según el tribunal, el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga debe ser modificado, anulando los párrafos que justifican esta decisión, y ordenando al SEA a que dicte una nueva resolución en un plazo de diez días.
Esta decisión deja vigente la aprobación ambiental de la cuestionada iniciativa que contempla la construcción de una mina y un puerto industrial en la comuna de La Higuera.
«Ordenando aprobar Dominga, el Primer Tribunal Ambiental intenta algo que tiene estrictamente prohibido, determinar la decisión de la autoridad, en este caso la del Comité de Ministros. El Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa», planteó Marcos Emilfork, coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, entre otros.
Señaló que «ante el exceso en sus atribuciones, el sistema deja recursos disponibles, por lo que buscaremos que se rectifique esta falta grave».
“Lo que estamos presenciando es inédito. Estamos viendo cómo el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene, desconociendo su mandato especial en materia ambiental y ordenando que se apruebe Dominga por vías que no existen en el ordenamiento jurídico, lo cual es gravísimo pues atenta contra el Estado de Derecho”, señaló en la misma línea, la abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y que representa a distintas comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.
“Presentaremos un recurso de queja ante la Corte Suprema para que enmiende esta situación y ordene al Tribunal Ambiental de Antofagasta a ajustarse a la Ley, pues se está poniendo en jaque la legalidad del sistema y vale la pena cuestionarse las motivaciones detrás de esta acción”, sentenció Donoso.
Por su parte, Oceana, organización de conservación marina, acusó al tribunal de favorecer sistemáticamente a Andes Iron.
“Desde un principio hemos visto cómo este Tribunal ha hecho todo lo posible por la aprobación de Dominga, excediendo sus competencias y dejando de lado su mandato por el resguardo ambiental”, dijo la Directora Ejecutiva de la ONG en Chile, Liesbeth van der Meer.
Cabe recordar que el anterior fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta fue impugnado ante la Corte Suprema debido a sus irregularidades, y desde Alianza Humboldt ratificaron que seguirán trabajando por la defensa del ecosistema del archipiélago, así como por las comunidades que habitan en la zona y que se oponen al mega proyecto minero-portuario Dominga.

Gobierno apelará fallo del Tribunal Ambiental
El ministro (s) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, anunció que el Gobierno apelará al fallo del Primer Tribunal Ambiental, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión ajustada a derecho.
“Usar las herramientas de defensa que nuestro sistema jurídico contempla para todos los ciudadanos, empresas y el Estado, es un derecho, y vamos a ejercer ese derecho”, afirmó el secretario de Estado.
A través de un video, Proaño sostuvo que “respecto a la resolución, como Ministerio estamos analizando el contenido, pero desde ya hay elementos que llaman la atención”.

«Por ejemplo, que obliga a pronunciarse al SEA, que oficia de secretaría técnica de la instancia ministerial) para alterar una decisión del Comité de Ministros cuando no tiene las competencias para aquello”, sostuvo la autoridad.
Indicó que en los próximos días, el SEA presentará un recurso de apelación «que sostiene que tanto la sesión del Comité de Ministros del 23 de diciembre del 2024, como la del 8 de enero del presente año, dieron cumplimiento al fallo de diciembre del Primer Tribunal Ambiental».
Recalcó que “el Comité de Ministros sesionó, revisó su composición y tomó una decisión respecto del proyecto Dominga, apegado a la ley y a la sentencia del propio Tribunal Ambiental”.
“Cuidar el Medio Ambiente también es una inversión. Este es un Gobierno comprometido con el Medio Ambiente y con las personas. La convicción de nuestro Gobierno es que es posible compatibilizar la protección del Medio Ambiente y el crecimiento económico, y estamos trabajando para aquello”, precisó Proaño.