El pasado lunes 17 de febrero de 2025, Carabineros de Chile protagonizó un polémico operativo en el Lof Rapaco, ubicado en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos. La comunidad mapuche denunció que la acción policial, ordenada por tribunales chilenos para ejecutar un desalojo por presunta «usurpación», terminó en un desalojo fallido tras la irrupción de las fuerzas en el terreno «equivocado».
Lo que debía ser un procedimiento judicial se convirtió en una serie de «abusos» y errores operativos, de acuerdo a lo consignado por los mapuche: cercos destruidos, letreros dañados y, lo más grave, la presión ejercida sobre una mujer que se encontraba con niños y lactantes, a quien Carabineros obligó a firmar un documento sin que pudiera «leer» su contenido.
Denuncian que la irrupción fue liderada por la unidad de Fuerzas Especiales de Carabineros y se extendió por más de cuatro horas, comenzando a las 08:30 horas. Jaime Cortés, werken y presidente de la comunidad, relató a Waiwen TV: «Esta semana ingresó personal armado de Carabineros con tanquetas y un alto contingente con intenciones de allanamiento. Lo que hicieron fue destruir cercos y letreros. Llegaron a la parte de afuera del cerco, gritando, y fueron recibidos por una tía nuestra, quien estaba sola con menores de edad y lactantes». Añadió: «A nuestra tía le hicieron firmar un documento sin darle oportunidad de leerlo. Destrozaron un cerco que cumple la función de controlar el tránsito de los animales de crianza, no un cerco delimitante».
Para la comunidad, la coincidencia temporal no es casual: el operativo ocurrió días antes de la consulta indígena sobre la construcción de un hospital, cuyas obras están detenidas por hallazgos arqueológicos asociados al pueblo mapuche que habitó la zona hace cientos de años. Desde el Lof Rapaco denuncian que la acción policial es una estrategia de presión para debilitar su postura e influir en la consulta.
Territorio ancestral y resistencia
El Lof Rapaco forma parte de la Alianza Territorial Daguipulli (ATD), que agrupa a comunidades en las comunas de La Unión, Paillaco y Río Bueno. En el territorio, las familias Imil, Llaufu y Antri mantienen una relación ancestral con la tierra, gestionando unidades productivas sostenibles guiadas por la cosmovisión mapuche.
En 2022, la comunidad ingresó un expediente para declarar 70 hectáreas como sitio de significación cultural, con 14 espacios utilizados para ceremonias tradicionales. Cortés enfatizó que no existe ocupación ilegal y que incluso la legislación chilena contempla la ocupación ancestral como legítima, puesto que las 10 familias agricultoras del lof cuentan con escrituras vigentes, cuyos documentos fueron obtenidos a través de los asentamientos campesinos.
«Nuestra abuela y sus hermanos diseñaron un sistema de defensa con puntos fijos para evitar la reducción del territorio. En cada proceso reivindicatorio hay una raíz ancestral. Nos basamos en esos argumentos para sostener la soberanía de nuestro territorio, que es saqueado permanentemente por el latifundio y empresas extranjeras», sentenció.
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