Este 30 de agosto se conmemoró una fecha más del Día Nacional de los Detenidos Desaparecidos, instaurado por Decreto Supremo en 2006, por la presidenta Michelle Bachelet, en el cual se establece que “la institución de un día nacional en conmemoración de nuestros compatriotas detenidos desaparecidos, es una medida que contribuye a la reparación y a la construcción de una memoria histórica común, para que nunca más se vuelva a practicar la desaparición forzada de personas en nuestro país ni en el mundo”.
Una vez más, debemos de recordar a las nuevas generaciones el significado de una de las más crueles e inhumanas políticas de terrorismo de Estado que vivimos en Chile durante la dictadura militar del general Pinochet.
Debemos rememorar que la desaparición forzada de personas fue practicada inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. Los primeros casos de desaparecidos son los que sobrevivieron al bombardeo y ataque al Palacio Presidencial de La Moneda. De ellos se supo que fueron trasladados al Regimiento Tacna y posteriormente a Colina, lugar del cual desaparecieron.
Durante el año 1973, entre el 11 de septiembre a diciembre, la dictadura hizo desaparecer a cerca de 600 chilenos entre hombres y mujeres (cerca del 50% de los casos detenidos-desaparecidos). En gran parte de estos casos se trataba de ejecuciones y asesinatos con ocultamiento de los cuerpos. Los responsables de estas muertes son principalmente miembros del ejército y carabineros.
En el año 1974, los casos de desaparición llegan a cerca de 220 personas (cerca del 18%) y desde 1975 hasta el término de la dictadura en 1989, desaparecen cerca de 284 personas.
Cabe destacar que a partir de 1974, la desaparición forzada de personas corresponde a una política estatal planificada centralmente por parte de los servicios de seguridad, fundamentalmente la DINA, Comando Conjunto y CNI. En las detenciones de esa época, existe información previa del detenido. Éste será torturado con el objetivo obtener información que permita nuevas detenciones y seguir con el ciclo represivo. En muchos casos, el aniquilamiento de un detenido y el ocultamiento de su cuerpo, está fríamente calculado.
Para cumplir con estos objetivos criminales, existe todo un aparato de infraestructura, que va desde los grupos operativos de agentes del Estado que detienen en las casas o calles; a los grupos de guardia y vigilancia de los centro clandestinos de detención. También están los grupos de interrogación, tortura y exterminio de los detenidos.
En esta labor delictual y deleznable, dichos grupos, tienen el apoyo del aparato del Estado que como institución proporciona medios, recursos e infraestructura y la impunidad de las acciones.
Tampoco debemos olvidar que en esta política de exterminio existió complicidad de parte de algunas instituciones. El Poder Judicial durante la dictadura, no acogió los cerca de 8.000 Recursos de Amparo (Habeas Corpus) presentados por los familiares de las víctimas. Solamente 6 casos de Recursos de Amparo, fueron acogido, y el único caso de detenido-desaparecido considerado por la Corte, el de Carlos Contreras Maluje, no sirvió de nada, ya desapareció definitivamente.
Durante la dictadura, gran parte de los medios de comunicación, nunca informaron de lo que estaba ocurriendo con las violaciones a los derechos humanos en Chile. No obstante, en junio de 1975, el diario La Segunda, El Mercurio y La Tercera comenzaron a publicar noticias sobre el “caso de los 119” chilenos que habían muerto en diversos países a manos de sus propios compañeros. Esta operación organizada por DINA contó con la complicidad de dichos medios e intento encubrir que los 119 chilenos habían sido detenidos en Chile y que habían innumerables testimonios de ex -presos políticos que afirmaban que los habían visto en centros de detención y tortura. Además, existió una política comunicacional deliberada de desinformación y censura sobre la represión y terror que sufrieron los chilenos en dicho momento.
Desde aquellos infames días, de la práctica de la desaparición forzada de personas, como un método de exterminio y terror por parte de la dictadura en Chile en contra de los opositores políticos, han surgido nuevas revelaciones sobre la suerte final de los detenidos desaparecidos. Por ejemplo, recién en el 2001, en el contexto de la “Mesa de Diálogo” en un informe de las Fuerzas Armadas, se reconoce por primera vez el destino de cerca de 200 detenidos-desaparecidos, de los cuales 46 casos fueron inhumados clandestinamente y 151 lanzados al mar. Sin embargo, no existe plena evidencia en los datos entregados en el listado de desaparecidos lanzados al mar. En uno de estos casos, el de Juan Rivera Matus, sus restos son encontrados e identificados en el Fuerte Arteaga en Colina, contradiciendo la versión de que su cuerpo había sido lanzado al mar.
Durante mucho tiempo, en especial durante el régimen militar, algunos chilenos no creyeron en la existencia de cerca de 1200 chilenos detenidos-desaparecidos (alrededor de 90.000 casos en Latinoamérica, según FEDEFAM). Hoy, nadie puede sostener que esta política de terrorismo de Estado nunca existió. El drama de la desaparición forzada de personas constituye una de las más graves y atroces violaciones de derechos humanos ocurridas en la historia reciente de Chile.
En palabras del jurista argentino, Ricardo Colombres, se puede sintetizar esta tragedia: “La Desaparición de Personas como técnica planificada de tormento y exterminio supera todo lo conocido históricamente. Su perversión ética y jurídica para las víctimas directas («prisioneros indefensos en cuatro paredes»); el terror primero y el dolor permanente después para familiares y allegados; la impunidad y los premios para victimarios sádicos o iluminados y finalmente, la total extinción material, social y jurídica del desaparecido la convierten en el máximo procedimiento, en la mayor de las técnicas mortales. Muy superior a la cruz y la horca, la guillotina y la silla eléctrica e inclusive a la cámara de gas del genocidio alemán. No hay explicaciones que dar, ni cadáveres para honrar o despedir, ni relaciones jurídicas que resolver, ni delincuentes para enjuiciar. Sólo silencio, ignorancia, incertidumbre”.
La lucha que han llevado adelante los familiares, amigos, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general por el esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación y en contra de la impunidad es ejemplar y dignificante. La lucha de la memoria contra el olvido es el legado para las nuevas generaciones. El respecto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos es el desafío para el tiempo presente.
Por Elías Padilla Ballesteros
Académico y director del Centro de Estudio de la Memoria y Derechos Humanos (CEMDH) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Autor del Libro: La memoria y el olvido, Detenidos Desaparecidos en Chile, editorial Orígenes, Santiago de Chile, 1995.
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