«La historia se repite»: Organizaciones repudian cierre de más de 1.500 casos del estallido social y denuncian impunidad

El Ministerio Público decidió “no perseverar” en la investigación de 1.509 casos de denuncias por violencia ejercida por agentes del Estado contra ciudadanas y ciudadanos chilenos en el contexto del estallido social de 2019.

Esta medida fue repudiada por el Grupo Iniciativas por los derechos humanos, conformado por distintas organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, ya que pone nuevamente de manifiesto el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones en esta materia.

A través de un comunicado, plantearon que la medida tomada por la Fiscalía es una «cruda evidencia de como la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición del pasado permiten que la historia se repita, profundizando el trauma social al imponer nuevamente la impunidad a las víctimas, sus familias y la sociedad».

Desde la agrupación indicaron que la decisión de no perseverar en los más de 1.500 casos denunciandos «argumentando un mecanismo administrativo para destrabar el sistema penal», puede percibirse como un velado sobreseimiento,» estableciendo un cuestionamiento imposible de omitir relacionado con el impacto y consecuencias en las victimas, en su entorno así como en toda la sociedad, profundizando la percepción de injusticia, indefensión e impunidad».

Esto a su vez, afecta la posibilidad de consolidar un Estado de Derecho enfocado en el principio de justicia accesible e igualitaria, «situación que incumple además obligaciones internacionales contraídas en esta materia que obligan a investigar y reparar en causas que son imprescriptibles por tratarse de violaciones a los derechos humanos».

Falta de voluntad para investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos

El texto, firmado por Raquel Torres Guerrero, coordinadora Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, recuerda que el marco jurídico chileno establece que la etapa de investigación es responsabilidad exclusiva del Ministerio Publico, y que «en el caso de denuncias en que existe participación de agentes del estado pertenecientes a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, surge la entendible duda respecto a si existió la debida eficiencia, objetividad y oportunidad de las diligencias orientadas a obtener las evidencias probatorias necesarias para la preparación de juicios orales».

Por tal motivo, el Ministerio Publico tiene el deber de priorizar y poner a disposición todos sus recursos cuando se trata de delitos relacionados con derechos humanos, tales como tortura y apremios ilegítimos, así como «considerar la vulnerabilidad de las víctimas, con especial atención en aquellos delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como población de especial protección».

En esa línea, desde el grupo planteron que en este tipo de casos «es un deber de mayor relevancia», establecer garantías de protección tanto a víctimas como testigos, «debido a que son las mismas instituciones involucradas en los delitos quienes deben realizar las investigaciones, más aun cuando es de público conocimiento que aún persisten practicas heredadas del periodo de la dictadura civil militar que se relacionan con los pactos de silencios, agentes encubiertos como los intramarchas, la doctrina de seguridad nacional aún presente en la formación de las FF.AA. enfocada en la idea del enemigo interno, lo que se expreso en la brutalidad de la represión ejercida contra quienes se manifestaron por cambios sociales», desde octubre de 2019 hasta el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Lamentaron que esta situación dejó “cientos de victimas de trauma ocular, golpizas, detenciones masivas, secuestros, torturas, violencia político sexual especialmente en casos de estudiantes secundarias, montajes de intramarchas, abuso de la medida de prisión preventiva, asesinatos, amedrentamiento, amenazas a brigadistas de salud e integrantes de medios de comunicación alternativos”.

En el texto, calificaron como «inverosímil, cuestionable y arbitrario», que aún existiendo un inusitado despliegue de contingente, grabaciones, cámaras de monitoreo y otros múltiples recursos técnicos en los espacios en que ocurrieron los delitos denunciados, desde el Ministerio Publico no hayan tenido o exigido en su momento acceso a los antecedentes probatorios suficientes para la realización de juicio oral justamente en este tipo de causas «que comprometen gravemente al Estado, al tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, generando doble vulneración a causa del daño causado por la negligencia de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, a quienes además se les traspasa la responsabilidad de la falta de material probatorio».

“En este sentido es imperativo enfatizar la responsabilidad del Estado y el actual gobierno respecto a investigar la existencia de conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Publico”, afirmaron.

También plantearon la necesidad de tomar en consideración el rol que desempeñaron los medios de comunicación hegemónicos «que al hacerse parte del modelo populista de seguridad ciudadana, criminalizaron el legítimo derecho humano a movilización social y de manera explícita o velada contribuyeron a validar y normalizar el uso de estas prácticas».

Desde el Grupo Iniciativas por los derechos humanos, manifestaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chile «respecto a lograr justicia y reparación para las víctimas de las graves vulneraciones cometidas durante el estallido social, quienes hoy se encuentran en el más total abandono y olvido». Mientras que los agentes del Estado responsables de estas agresiones «gozan de privilegios y protección, seguros de que sus delitos a causa de esta decisión podrían quedar en la más peligrosa y dolorosa impunidad».

Por último, calificaron como «imperativo» que “el Ministerio Público revierta esta medida, se reconozca la existencia de estos delitos imprescriptibles y se dé cumplimiento a las obligaciones emanadas del derecho internacional en orden a garantizar la investigación, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.