Estado deberá pagar $40 millones a víctima de torturas en Londres 38 y Estadio Chile tras fallo judicial

El Estado deberá pagar una indemnización por $40 millones a una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet que recibió torturas en Londres 38 y el Estadio Chile.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia emitida en junio de 2024 por el 10° Juzgado Civil de Santiago, en la que se condenó al Fisco a pagar esta cifra por concepto de daño moral a C.S.R.M. quien fue detenido el 17 de diciembre de 1973 en la comuna de Quinta Normal y luego sometido a torturas perpetradas por agentes del régimen.

De acuerdo con la sentencia del tribunal, en horas de la mañana del 17 de diciembre de 1973, C.S.R.M. fue detenido por carabineros quienes lo llevaron hasta la Séptima Comisaría de Carabineros ubicada en la calle Herrera entre las calles Santo Domingo y Catedral.

Posteriormente fue trasladado hasta Londres N°38, donde fue recibido con golpes de puño, patadas e improperios.

En este inmueble utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como lugar de detención y tortura de opositores a la dictadura, permaneció durante 39 días en los cuales fue sometido a interrogatorios, recibiendo fuertes golpizas.

Según el dictamen en una ocasión lo obligaron a sentarse en un sillón, «donde siente el pinchazo con un
objeto bajo la uña de su mano derecha, entregando un nombre de una persona que le ofreció trabajo en Socoagro, aclarando que era del Partido Socialista, que su rol era pintar murallas».

En otra ocasión, le quitaron la ropa, extendiéndolo en una cama metálica, donde sintió el chirrido de la manivela del magneto y la picana en sus genitales, donde se le soltó la mandíbula y se mordió la lengua.

Como parte de otras torturas, los agentes de la dictadura lo colocaron en una silla metálica, «donde sus nalgas quedaron expuestas y en las que le introdujeron una picana en su ano, volviendo a hacerle
preguntas. Sintió corriente en el ano, lo que provocó que defecara».

Ante las agresiones recibidas, C.S.R.M. comenzó a perder la noción del tiempo, con la sensación que
un balazo en su cabeza terminaría con su sufrimiento.

En una oportunidad le invitaron a arrancarse, a lo que se negó, «donde recibió un golpe que le hizo un corte en su cabeza, a lo que se le colocó un periódico con cinta adhesiva para terminar con el sangrado». consignó la sentencia.

Posteriormente fue llevado en un camión hasta el Estadio de Chile, donde permaneció detenido por 33 días.

Según la víctima, allí fue atendido por una persona que portaba una bata blanca, «quien le dice que tiene infección y pus en un dedo pulgar, padece de neumonía y le inyecta penicilina, para luego pedirle que se bañara, siendo asistidos por dos personas».

En marzo de 1977, fue trasladado a la Segunda Fiscalía Militar donde el fiscal le aplicó la ley de control de armas.

Posteriormente, fue traslado a la cárcel pública de Santiago, donde estuvo 45 días incomunicado y luego declarado en libre plática.

El 16 de abril de 1974 pasó a la unidad de presos políticos, donde pudo ser visitado por su cónyuge, quien le contó del allanamientos a su domicilio, pese al hecho que se encontraba embarazada, dando a luz el 16 de junio de ese año.

El 8 de septiembre de 1974 C.S.R.M. fue trasladado a la penitenciaría de Santiago, donde permaneció hasta el 21 de enero de 1975, cuando los agentes lo llevaron hasta lugar llamado Cuatro Álamos, donde permaneció hasta el 20 de febrero de 1975.

De ahí fue enviado a unas cabañas usadas como recinto de prisioneros antes cabañas de verano- en Puchuncaví, donde a los detenidos las despertaban con ruidos de disparos de metralletas, simulacros de intento de fuga o asaltos al recinto.

Sin embargo, el 25 de julio de 1975 le ordenaron recoger sus costas y lo llevaron hasta Cuatro Álamos, donde finalmente fue dejado en libertad. Allí fue recibido por su cónyuge y obligado firmar unos papeles en la Segunda Fiscalía Militar

A través de una carta de la Vicaría de la Solidaridad, fue recibido junto a su familia por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que se pudieron trasladas hasta Los Ángeles, California, para iniciar su exilio.

Estado deberá pagar $40 millones a víctima de torturas

Tras evaluar los antecedentes del caso y la legislación chilena, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que se acreditaron los hechos referidos a las detenciones ilegales, duraciones, condiciones y lugares de cautiverio, las cuales ocurrieron dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, «caracterizado en sus inicios por una situación de violencia política, jurídica y social, de la que fueron víctimas miles de personas en el país, lo que permite calificar los ilícitos cometidos por agentes del estado, los que conforme a la normativa internacional humanitaria a la que se encuentra obligado el Estado de Chile, son constitutivos de un crimen de ‘lesa humanidad’ y que sirve de fundamento a la demanda, para sustentar la solicitud de indemnización por el daño moral padecido por el actor y que le trae consecuencias hasta el día de hoy, tanto físicas como emocionales”.

“Que, en este escenario, se encuentra acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que los hechos denunciados no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, y por ello solo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos”, concluyó el tribunal de alzada.

Por tal motivo, descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el 10° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción extintivas alegadas por el fisco.

En su fallo, la Corte afirmó que «comparte los argumentos de primera instancia para desestimar las excepciones opuestas», por lo que el Fisco deberá pagar la indemnización de $40 millones a la víctima de la dictadura.