Por Alejandro Navarro Brain
En Chile, con este último apagón eléctrico en todo el territorio nacional, nos quedamos abandonados a nuestra suerte para regresar a casa y esperar la llegada de la noche, donde la oscuridad lo era todo.
Lo que nos obligó a levantar la vista al cielo y constatar que esa bóveda celestial maravillosa con infinitas galaxias y estrellas aún seguía allí y es precisamente la luz que ese día no tuvimos, quien, nos la oculta y nos priva de su compañía. Afuera había estado de excepción, toque de queda y los militares patrullando nuestras ciudades. Hoy, no por la caída de una torre o un cadenazo, sino por un blackout o caída total del sistema.
Con todo, esta fue una extraordinaria oportunidad de mirar al cielo porque las compañías eléctricas solo brillaban esa noche por su ausencia.
La luz del sol volvía al día siguiente y la eléctrica también. Era natural después de esta tormenta que no es natural, es obra del hombre y tiene nombre y apellido.
Las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad en Chile, que están en manos de capitales pertenecientes a otros países –China, Francia, Colombia e Italia-, es decir, no son chilenas. Pero tienen la responsabilidad de brindar el servicio eléctrico de calidad y continuo, por el cual pagamos todos los chilenos, y cuyas tarifas el año pasado y este año han sido reajustadas con aumentos de más del 50%, especialmente para los hogares de clase media que no califican para los subsidios.
Chile está en condiciones de exportar electricidad; la capacidad de generación solar, particularmente nuestro desierto de Atacama, tiene hoy un excedente permanente. Y, en el sur de Chile, la energía eólica sigue creciendo sistemáticamente. Es decir, energía eléctrica tenemos más que suficiente para la actual demanda nacional.
Por ello cuesta entender que apagones como este sucedan en un sistema que tiene demanda satisfecha y oferta abierta a través de estas formas de generación y otras innovadoras, como la captura de gas metano desde el tratamiento de los residuos domiciliarios, nuestra basura.
Porque nuestro Sistema Eléctrico (SE) está al alza, no solo de tarifas para los clientes-ciudadanos, sino también en producción de energía eléctrica, entonces, ambas cosas deberían marcar el rumbo para garantizar que el sistema no llegue a colapsar, pero lo hizo y puede volver a hacerlo.
Esa es la pregunta que empresas privadas y gobierno tendrán que responder.
Hoy el debate se centra en la reposición del servicio, que era el drama de vida o muerte de las personas electrodependientes -que son 12 mil familias- y que la carencia de equipo generador los enfrenta a la muerte, y aún las empresas no entregan los generadores para la emergencia.
La pauta política en el día siguiente se centró en asignar responsabilidades y la primera en emerger en este obligado debate nacional fue la ex senadora y ex alcaldesa y precandidata presidencial Evelyn Matthei para responsabilizar al Gobierno y guardar silencio sospechoso sobre los propietarios de las empresas eléctricas, hoy privadas, antes públicas.
Aparición pública solo para señalar que es el gobierno quien debe garantizar el suministro eléctrico y que el Presidente Boric ha faltado a su deber.
La disonancia cognitiva es inexcusable; quienes impulsaron las privatizaciones de los servicios básicos y en particular el eléctrico para pasar la administración total desde el Estado a los privados, ciertamente la padecen.
Durante décadas la derecha se ha opuesto a una mayor y más regulación del suministro eléctrico. Han impedido la necesaria modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Este en la Región del Biobío tiene una planta de seis funcionarios y solo una oficina en la capital regional, Concepción; las provincias carecen de este privilegio y quien quiera reclamar un abuso debe ir a Concepción, y en el resto del país la situación es similar. Y bien si es cierto que cuenta con sistemas tecnológicos de supervisión, carece de capacidad de fiscalización y prevención, como quedó demostrado en los devastadores incendios forestales hace algunos años producto de la falta de mantención de las líneas transmisoras.
La figura del Coordinador Nacional Eléctrico debe ser revisada. Este ha sido incapaz de concretar la construcción de nuevas líneas y subestaciones esenciales para que se puedan conectar las energías renovables. Van cinco licitaciones declaradas desiertas. Y no tuvo la capacidad de sumar las centrales de generación hidroeléctrica para enfrentar la crisis, siendo esa su única función. Esta es una empresa privada que responde a la SEC y su rol en esta crisis debe ser evaluado.
¿Para qué regular? Así respondían, con una pregunta. Esto fue la prédica por décadas de los parlamentarios de la derecha, quienes hoy parecen tener además amnesia legislativa.
La constatación de esta política anti regulatoria está en los debates de comisiones y sala del Senado de todos los proyectos de ley que buscaban fortalecer a la SEC. La evidencia está allí y duerme junto a los proyectos de ley que jamás fueron despachados por el bloqueo legislativo. «Dejar que el mercado regule el sector”, pero el mercado no lo hizo.
Matthei sabe perfectamente que una falla de esta envergadura debe ser investigada y sancionada. Cada retraso en pagar la cuenta mensual de la luz termina en corte y mayor costo a los usuarios. Y, por tanto, culpar al Gobierno a priori es temerario y distorsiona el necesario análisis de esta crisis. Hay pérdidas aún no calculadas, pero lo que sí está calculado es evitar que el costo lo asuman las empresas administradoras del SE, que por cierto no son chilenas y están prontas a recurrir a demandar al Estado chileno cuando las utilidades y rentabilidad económica no se cumplen, como lo establece el TPP 11 y los tratados de libre comercio; ello lo sabe bien la ex senadora Matthei, quien respaldó con ímpetu su aprobación. Por ello no resulta creíble su prédica de defensa del interés nacional pues muy poco le interesa sancionar a los responsables.
La defensa de la patria es la defensa de los derechos ciudadanos y aquello es la defensa de la soberanía. No se pueden erigir como defensores de la patria y no defender los intereses ciudadanos que son en definitiva la soberanía, pues sin ciudadanía no hay soberanía.
Los ciudadanos afectados con pérdidas y perjuicios por esta situación deberán demandar a las empresas responsables y si el Estado no apoya estas demandas se debe demandar, también, al Estado responsable de la fiscalización.
El Gobierno no puede ser neutral en esta coyuntura.
La ciudadanía debe organizarse y defenderse, con respeto pero con firmeza. Exigir al Congreso Nacional la restitución de la soberanía sobre nuestro estratégico sistema eléctrico nacional; de otra manera esta crisis volverá a ocurrir.
Las empresas no harán nada a lo que no estén obligadas.
Al privatizarlas sin regularlas, pues no existió deliberación ciudadana ni parlamentaria, siendo un acto impuesto por la fuerza de las armas donde se excluyó por completo a la ciudadanía, lo que devino de facto en pérdida progresiva de nuestra soberanía, y cuando ocurre aquello deviene, las más de las veces en deterioro o supresión del derecho a deliberar de los asuntos públicos que nos afectan y aun cuando esto provoca daño material y moral, restringe derechos y altera el normal funcionamiento de nuestra sociedad.
Y nada se hace para terminar con esta condición de solo clientes y no ciudadanos.
Por ello se confunde Matthei al creer ser nacionalista y atacar al Estado que ellos mismos han jibarizado y atrofiado en sus funciones estratégicas, paradojalmente para ellos, afectando gravemente la seguridad nacional, pues junto con minimizar las responsabilidades de las empresas a las cuales han protegido con este modelo fracasado, han limitado las capacidades de fiscalización y defensa de los intereses ciudadanos, cuando se optó por la concesión del Estado para el funcionamiento de estas empresas que comprometían cumplir y no lo han cumplido. Eso debe cambiar definitivamente ahora.
Lo mínimo a exigir es eficiencia y no la han tenido. Si esta administración fuera del Estado, Matthei, Kast y Kaiser estarían marchando por su privatización.
El discurso de estas personalidades de la derecha criolla para tener una mínima credibilidad, es que no eximan a las empresas y no las omitan en sus discursos.
En los hechos duros y puros su defensa de la economía los llevó a entregar la soberanía. Chile no es soberano en sus riquezas naturales y algunos como Matthei no saben la diferencia entre nacionalismo y soberanismo.
No es posible dejar nuestra energía, sin las condiciones y exigencias de cumplimiento y fiscalización. Sin ello nos volvemos dependientes de otros estados No son empresas privadas; son empresas cuyos principales accionistas son otros Estados.
El capital no tiene patria pero tiene propietarios. Así, son otros estados nacionales quienes pueden incidir en tareas y objetivos propios del Estado de Chile en áreas estratégicas y geopolíticamente esenciales.
Es real y concreta la necesidad de estas inversiones internacionales en nuestra economía, las cuales han sido claves para el desarrollo y modernización de nuestra economía e infraestructura eléctrica, han sido inversiones altamente rentables para ellos, sin siquiera sentirse observadas, entonces, la maximización de las utilidades pasa a ser lo central en desmedro del servicio público que están obligadas a entregar con eficiencia y calidad.
¿Cómo se regulan estás empresas?
Se rigen por contratos y licitaciones internacionales realizadas por Chile. Son empresas monopólicas en las cuales no existe opción de otro mercado, no existe la competencia, no se puede comprar electricidad a otra empresa en el barrio, la comuna o región. Está lo que está y no hay más.
La única respuesta posible es una regulación fiscalizadora y protectora en la que sea salvaguardada la soberanía nacional.
La candidata presidencial de la derecha debería señalar a quién va a defender y qué busca proteger con su candidatura a La Moneda. Por su discurso queda meridianamente claro que no ha variado su convicción parlamentaria sobre el mercado y su autorregulación. Y una vez más el que paga los costos de la desregulación es la ciudadanía, sin voz ni voto en este debate pendiente en Chile.
Tengo la certeza de que son millones los chilenos y chilenas indignados que pagan con esfuerzo y sacrificio su cuenta de la luz mes a mes y no merecen ser atropellados de esta manera.
La soberanía siempre y ante toda circunstancia recae en el pueblo y solo el pueblo.
El Gobierno debe tomar la iniciativa y asumir como parte de su programa el crear un sistema de fiscalización eléctrico en este su último año y poner a prueba al Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados que en un año electoral estarán en total evaluación ciudadana a través de voto popular.
No habrá en lo cercano una oportunidad de avanzar para fortalecer los derechos de las personas y el rol regulador del Estado.
Los partidos tienen el deber de incorporar esta temática a su agenda inmediata, no hacerlo será un nuevo error político y social.
Lo único seguro es que lo más cercano entre los ciudadanos clientes y las empresas será la boleta de cobro. Pero se debe observar a todos los actores con la mayor sabiduría y es un deber ciudadano, pues no son solo un número de cliente.
La entrega de empresas estratégicas no fue solo desnacionalizar la economía, fue la cesión de soberanía y hoy estamos pagando las consecuencias.
Por Alejandro Navarro Brain
Ex senador
28 de febrero 2025
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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