65 funcionarios municipales renovaron sus licencias de conducir, pese a estar en el registro de deudores de pensión alimenticia

El pasado 27 de febrero, se dio a conocer un informe de Contraloría, sobre el cumplimiento de la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia en las municipalidades. Este documento reveló que el 70% de los municipios en Chile, infringieron la ley y emitieron licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia. Todo esto habría ocurrido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024. 

Según los datos entregados por la Contraloría, 3.432 deudores de pensión alimenticia renovaron sus licencias de conducir. Entre ellos, 65 funcionarios municipales y un concejal, que se mantenían en el Registros de Deudores de Pensión de Alimentos y lograron renovar el documento en el mismo municipio donde trabajaban. Junto con esto, 482 deudores que obtuvieron la renovación, lo lograron por ser familiares de funcionarios municipales. 

El documento también detalla que se emitieron 945 licencias “especiales” (18%) a deudores de alimentos. Este tipo de licencias, es necesario para la conducción de carros de Bomberos y maquinaria automotriz, como elevadoras o montacargas. Sin embargo, también para conducir vehículos policiales o de las Fuerzas Armadas.

Recordemos que en el año 2021 entró en vigencia la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Un año después, el congreso aprobó la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Todo esto, con el objetivo de fiscalizar y garantizar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias. 

A raíz de esto, es que se implementaron una serie de restricciones a quienes mantengan una deuda de alimentos. Entre las que se encuentra, la imposibilidad de renovar la licencia de conducir. Por su parte, la Contraloría confirmó, que se llevarán a cabo procesos de fiscalización. Junto con esto, aclaró que todos los funcionarios municipales tienen que estar en conocimiento de este reglamento. Por lo tanto, quienes emitieron las licencias a deudores de pensión alimenticias, habrían incumplido directamente la ley.

“El funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores y, en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que será sancionada con una multa entre el 10% y 50% de su remuneración”, finalizó la Contraloría.