La Corte Suprema de EE.UU. revisa la demanda de México por el tráfico de armas

El conflicto entre México y las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos dio un giro importante esta semana, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió analizar una demanda presentada por el gobierno mexicano, acusando a los fabricantes de armas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México y contribuir a la violencia relacionada con los cárteles de la droga. Esta demanda, presentada en 2021 ante un tribunal de Boston, apunta a dos gigantes de la industria armamentista: Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms.

Véase también: SRE y Agencia de Aduanas estrechan cooperación para Frenar el Tráfico de Armas de EEUU

México sostiene que estas empresas han actuado de manera negligente al diseñar y comercializar armas de fuego, especialmente rifles de asalto, que han sido adquiridos ilegalmente por los cárteles para perpetrar violencia en su territorio. La acusación también señala que las compañías han mantenido canales de distribución que han permitido que sus productos lleguen a los traficantes de armas que abastecen a estos grupos criminales.

El caso llega en un momento crítico para las relaciones entre ambos países, especialmente cuando la administración de Donald Trump implementó aranceles a los productos mexicanos y acusó a México de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de drogas y migrantes. El foco ahora se centra en determinar si la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 puede proteger a las empresas de armas de cualquier responsabilidad por el uso indebido de sus productos. Esta ley ha sido un escudo legal para los fabricantes de armas, pero algunos expertos y autoridades mexicanas argumentan que las actividades de las empresas en cuestión han cruzado los límites establecidos por dicha legislación.

En un escrito ante la Corte Suprema, los abogados de las empresas de armas han defendido su postura, argumentando que su negocio consiste en la fabricación y venta de productos legales, y que no pueden ser responsables por el uso criminal que los clientes hagan de sus armas. De acuerdo con las empresas, esta demanda podría sentar un peligroso precedente, que podría paralizar la economía de la industria armamentística en Estados Unidos.

El gobierno mexicano no solo busca una compensación económica por los daños causados, sino también una orden judicial que obligue a las empresas a tomar medidas para mitigar los efectos de su implicación en el tráfico de armas. La violencia armada en México, alimentada por el tráfico ilegal de armas, ha tenido un impacto devastador en la sociedad mexicana, donde el control de armas es mucho más estricto que en Estados Unidos.

Según las autoridades mexicanas, el 70% de las armas utilizadas en los crímenes violentos en el país entre 2007 y 2019 provienen de Estados Unidos, lo que pone de relieve el papel crucial que juegan las empresas armamentistas estadounidenses en el suministro de armas a los cárteles. Además, México alega que algunas de las compañías demandadas diseñaron sus productos para aumentar la demanda en mercados como el mexicano, asociándolos incluso con las fuerzas armadas y de seguridad de Estados Unidos.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que permitió que la demanda de México continuara su curso, representa un avance significativo para el gobierno mexicano. El tribunal consideró que México había presentado evidencia suficiente para respaldar su acusación de que las empresas de armas violaron las leyes estadounidenses sobre exportación de armas, lo que abrió la puerta para que el caso llegara finalmente a la Corte Suprema.

El litigio se convierte en un tema clave en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, especialmente cuando se considera que el tráfico de armas a México está valorado en más de 250 millones de dólares anuales. A pesar de las dificultades que enfrentan las autoridades mexicanas, el gobierno sigue firme en su objetivo de responsabilizar a los fabricantes de armas por su papel en la violencia y el sufrimiento que atraviesa México.

El caso podría tener repercusiones significativas no solo para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sino también para la industria armamentística en todo el mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la última palabra en este litigio, y su decisión podría cambiar la forma en que se regulan las armas y su comercio, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Mientras tanto, las autoridades mexicanas ya están preparando nuevas demandas, que buscan involucrar a más actores en la cadena de suministro de armas, con la esperanza de frenar este tráfico que alimenta la violencia en el país.

Foto: El Ciudadano

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