La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que busca evitar que conductores del servicio público de transporte puedan conseguir licencias profesionales. El proyecto fue aprobado de forma unánime y tiene como fin modificar la Ley de Tránsito mediante un nuevo requisito: no estar condenado por delitos sexuales. De esta forma, se buscará fiscalizar a quienes postulen a licencias de clase A1, A2 y A3.
Específicamente, se inhabilitará a quienes estén condenados por los delitos de violación, estupro, delitos sexuales relacionados y explotación sexual comercial y material de explotación infantil.
Por otra parte, quienes adquieran la licencia deberán acreditar mediante un certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas, que no han sido condenados. Dicho antecedente deberá ser validado cada semestre.
Los operadores de servicios de transporte público serán los encargados de exigir dicho certificado e indicar al Ministerio de Transportes la información.