El gobierno de Kenia es acusado de silenciar a opositores con secuestros y torturas

Nairobi, Kenia – La ola de secuestros y desapariciones forzadas en Kenia ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que acusan a agentes del Estado de estar detrás de más de 80 casos desde junio de 2024. Decenas de personas siguen desaparecidas, en un contexto de creciente represión contra la disidencia política y social.

Los hermanos Jamil y Aslam Longton, propietarios de un cibercafé en Kitengela, fueron víctimas de este patrón de violencia. El 19 de agosto, un grupo de personas fuertemente armadas los interceptó y secuestró, según relató Jamil a Al Jazeera. Aslam, de 36 años, había participado activamente en las protestas contra el gobierno que sacudieron al país recientemente.

Los hermanos fueron retenidos durante 32 días en condiciones inhumanas, golpeados y amenazados de muerte si no revelaban información sobre los organizadores de las protestas. Finalmente, fueron liberados en Gachie, a 14 km de Nairobi. Este caso no es aislado: desde junio de 2024, se han registrado 82 secuestros, con 29 personas aún desaparecidas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

Las protestas juveniles de 2024, impulsadas por la oposición a un polémico proyecto de ley financiera del presidente William Ruto, fueron reprimidas con violencia extrema. Aunque Ruto retiró la ley, la disidencia migró a las redes sociales, donde activistas y críticos siguen siendo perseguidos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han documentado la participación de agentes de seguridad en estos secuestros, incluyendo unidades antiterroristas y de inteligencia.

El gobierno keniano ha negado cualquier implicación, pero las declaraciones de altos funcionarios han sido reveladoras. El exvicepresidente Rigathi Gachagua denunció la existencia de una «unidad secreta» responsable de las desapariciones, mientras que el secretario de Servicio Público, Justin Muturi, admitió que su propio hijo fue secuestrado por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).

La situación ha generado una crisis de credibilidad en las instituciones kenianas. «Hay una clara desconexión entre lo que dicen las autoridades y la realidad«, afirmó Faith Odhiambo, presidenta del Colegio de Abogados de Kenia (LSK), tras el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes desaparecidos en una morgue de Nairobi.

La represión no se limita a los kenianos. Activistas extranjeros, como la periodista tanzana Maria Sarungi Tsehai, también han sido blanco de secuestros. Sarungi, crítica del gobierno tanzano, fue interceptada en Nairobi y obligada a entregar sus contraseñas antes de ser liberada. Ella cree que las autoridades de Tanzania y Kenia colaboraron en su secuestro.

Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado la violencia estatal y han brindado apoyo legal a más de 1,500 manifestantes. Houghton Irungu, director ejecutivo de Amnistía Kenia, advirtió que el país está en una «trayectoria peligrosa», con un gobierno que parece no valorar los derechos humanos.

La comunidad internacional observa con preocupación. Kenia, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, podría ver afectada su reputación global si no respeta los estándares internacionales de derechos humanos.

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A pesar del miedo, la resistencia persiste. Jamil Longton, líder de una organización de defensa de derechos humanos, insta a los kenianos a ejercer su derecho a protestar. «No nos callaremos», dijo Sarungi, quien sigue luchando por una sociedad más justa.

Fotografía: Redes

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