El TC pone en jaque a Maya Fernández por la compra frustrada de la casa de Allende

La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) pone en jaque a la ministra de Defensa, Maya Fernández, luego de haber admitido este miércoles a trámite el requerimiento de inhabilidad presentado en su contra por los abogados Raimundo Palamara y John Reid, por la compra frustrada de la casa del expresidente Salvador Allende.

La decisión del TC se da luego que el pasado 10 de febrero el mismo organismo no acogiera a trámite el recurso presentado por ambos juristas en contra de la secretaria de Estado.

En esa oportunidad el tribunal determinó que la solicitud no había cumplido con ciertos requisitos, y debido a que el texto se declaró para efectos legales como no presentado, el pasado 25 de febrero ambos profesionales ingresaron nuevamente un requerimiento al órgano jurisdiccional.

Sin embargo, durante esta jornada, la primera sala del TC, integrada por su presidenta, la ministra Daniela Marzi, además de los ministros Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Marcela Peredo, decidió admitir a trámite de forma unánime el recurso.

El requerimiento, que tiene una extensión de 20 páginas, se basa en la Ley 18.575 sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas, señalando que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado.

Según el documento de los abogados Palamara y Reid, la titular de Defensa incurrió en esta prohibición al firmar un contrato de compraventa de la casa de su abuelo, Salvador Allende, por un monto de $933 millones, con el fin de convertirla en un museo.

Compra frustrada de la casa de Allende

Cabe recordar que la polémica surgió a finales de 2024, cuando el gobierno hizo oficial la intención de comprar de dos inmuebles del expresidente Patricio Aylwin, ubicados en Arturo Medina 3678 y 3684 en Providencia y también la vivienda, de la misma comuna, ubicada en Guardia Vieja 39, que perteneció al expresidente de Salvador Allende. Todo esto con la intención de preservarlas como patrimonio nacional y transformarlas en museos.

Incluso, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, celebraron la compra y afirmaron que “la vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio del país y es rol del Estado conservar y difundir su legado”.

Sin embargo, lo que inició como una gran adquisición para el patrimonio nacional, rápidamente se convirtió en una polémica debido al anuncio del monto de 24.291 Unidades de Fomento (UF), expresados en $933 millones de pesos, que el Ministerio pagaría por la casa de Allende en Guardia Vieja, y que recibiría la actual ministra de Defensa Maya Fernández y su hermano.

La polémica se acrecentó al darse a conocer que la compra del inmueble a la ministra Fernández, es además inconstitucional, ya que según la Carta Fundamental “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Además de esto, tras la compra, se descubrió que la secretaria de Estado figuraba como 100% dueña del inmueble en su declaración de patrimonio, lo cual, no es real.

Según el decreto de Bienes Nacionales entre los propietarios del inmueble del expresidente figuran Maya Fernández, Carmen Paz Allende Bussi, el hermano de la ministra, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora María Isabel Allende Bussi. Esto generó conflicto con una segunda norma constitucional que relata: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.

Tras la polémica el gobierno decidió retractarse de la compra y en un comunicado anunció que: “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario“.

En medio de los cuestionamientos al Gobierno, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, debió renunciar al cargo.