Por Sebastián Benfeld

El 4 de marzo de 2025, conmemoramos siete años desde la adopción del Acuerdo de Escazú y, al mismo tiempo, celebramos el 54º aniversario del nacimiento de Berta Cáceres, ícono de la lucha ambiental y defensora incansable de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Berta, líder lenca y cofundadora de COPINH, dedicó su vida a proteger la naturaleza y a exigir justicia, recordándonos que una democracia plena requiere un medio ambiente protegido, al igual que la protección ambiental necesita de una democracia sólida.
Nacida un 4 de marzo de 1971, Berta se destacó por su valiente campaña en defensa del río Gualcarque, sagrado para su comunidad, además de su activismo contra proyectos extractivos que amenazaban su forma de vida. Su trágico asesinato en marzo de 2016, en manos de sicarios contratados por quienes querían secar el río, evidenció los riesgos a los que se enfrentan quienes se atreven a denunciar abusos y defender el patrimonio natural, convirtiéndose en un símbolo del costo de la injusticia ambiental.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en su honor un 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, es un legado vivo de esa lucha. Este tratado, pionero en garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, incluye además medidas específicas para proteger a los defensores del medio ambiente. Su implementación es esencial para fortalecer democracias inclusivas y participativas en América Latina y el Caribe, un recordatorio constante de que la protección ambiental y la salud democrática están indisolublemente unidas.
Sin embargo, su implementación debe reflejar fielmente los principios que la fundamentan, integrando una participación activa de la sociedad civil en cada etapa del proceso. Una democracia genuinamente saludable no se sostiene únicamente sobre un marco legal robusto, sino también en la acción de una ciudadanía informada y empoderada que reclame la protección de sus derechos, especialmente en materia ambiental.
En este contexto, el progreso en la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia están profundamente entrelazados. Para que estos avances tengan un impacto real, es esencial empoderar a la sociedad civil y fomentar espacios que permitan fiscalizar y exigir rendición de cuentas a las autoridades.
En este día, al honrar la memoria de Berta Cáceres y reafirmar el legado del Acuerdo de Escazú, como Ciudadanía Inteligente enfatizamos la imperiosa necesidad de defender tanto los ríos sagrados como los valores democráticos que dependen de ellos. Porque, como nos enseñó Berta, la democracia muere sin el río: solo a través de una ciudadanía comprometida y de políticas públicas audaces lograremos una verdadera justicia ambiental que beneficie a todas y todos.
Por Sebastián Benfeld
Coordinador de proyectos en Ciudadanía Inteligente
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.