Silencio y encubrimiento: Brigadista mapuche muere por «quema agrícola» y la prensa lo disfraza de “incendio forestal”

Gabriel Toro, brigadista mapuche de 31 años, padre de familia y miembro de la comunidad Juan Antinao de Pidima, falleció mientras combatía un incendio en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía. Sin embargo, su muerte no fue producto de un incendio forestal espontáneo, como han querido instalar los medios tradicionales, sino «consecuencia directa de quemas agrícolas» realizadas por latifundistas y particulares de la zona, con «autorización o sin fiscalización» de CONAF, según denuncian las comunidades locales.

Los incendios ocurrieron entre Ercilla y Victoria, en predios agrícolas dedicados a la cosecha de trigo, sin plantaciones forestales, según indican las comunidades locales. Esto desmonta la versión de la prensa hegemónica que insiste en catalogar estos siniestros como “incendios forestales”, cuando serían incendios agrícolas, que se habrían originado en terrenos de cultivo mediante quemas de rastrojos supuestamente “controladas” para habilitar la siembra.

El fuego que nadie quiere asumir

Según denunció a El Ciudadano Rodrigo Huenchullán, werkén de la comunidad Temucuicui, los incendios que afectaron la zona comenzaron tras la quema de rastrojos llevada a cabo por particulares y latifundistas. “Esto fue autorizado por CONAF o, en su defecto, se hizo sin fiscalización en una zona que hace solo una semana estaba en alerta por incendios. ¿Quién entiende esta situación?”, cuestionó.

Los efectos de estas quemas fueron devastadores: cinco vehículos calcinados en plena Ruta 5 Sur, 12 horas de carretera cortada y la muerte de un brigadista. Sin embargo, como ocurre cada vez que la responsabilidad no recae en un mapuche, los medios tradicionales han bajado el perfil a la situación y han evitado señalar a los verdaderos responsables.

«Cuando los incendios ocurren en nuestros territorios, los políticos piden la aplicación de la Ley Antiterrorista y salen a criminalizar al pueblo mapuche. Pero cuando los responsables son latifundistas y empresarios agrícolas, los hechos quedan en la más absoluta impunidad. También es grave que se esté haciendo esta manipulación de la información. Esto tendría que como objetivo dejar en la máxima impunidad estos graves hechos y la muerte del brigadista”, denunció Huenchullán.

El siguiente video muestra uno de los focos del incendio cerca predios agrícolas:

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Un estado de excepción que mira hacia otro lado

El werkén también apuntó a la presencia de fuerzas de seguridad en la zona, en el marco del estado de excepción. “Estamos en un territorio militarizado, con control permanente. ¿Cómo es posible que se hayan iniciado estas quemas y no haya habido ninguna intervención de Carabineros o del Ejército? ¿Por qué adelantaron estas quemas en una zona que hace días estuvo en alerta roja?”, preguntó.

A la falta de control sobre estas prácticas agrícolas se suma la ausencia de explicaciones por parte de las autoridades responsables. No hay una declaración clara ni de CONAF, ni del Ministerio de Agricultura, ni de las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar. Para la comunidad, este silencio no es casual: se trata de encubrimiento.

Los medios tradicionales al servicio de la impunidad

El tratamiento mediático de la tragedia ha seguido un patrón predecible. En vez de indagar en las causas del incendio y sus responsables, los grandes medios han optado por categorizarlo como un “incendio forestal”, omitiendo el hecho de que se habría originado en terrenos agrícolas.

«El problema es que aquí en Ercilla hace una semana tuvimos alerta amarilla, luego pasamos a alerta roja por incendios, y días después se autoriza la quema de rastrojos en la misma zona. Eso es lo que la prensa no quiere contar, porque saben quiénes son los responsables«, denunció Huenchullán.

La estrategia comunicacional es clara: cuando los incendios afectan predios agrícolas manejados por latifundistas, la información se diluye y se evita hablar de negligencias o responsabilidades penales. Pero cuando el fuego afecta zonas de resistencia mapuche, se activan las campañas de criminalización y las exigencias de penas más duras.

Un discurso que criminaliza y desvía la atención

Mientras la versión oficial se centra en el combate al incendio, la senadora republicana por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, puso la atención en los presuntos focos intencionales. “Se han registrado 18 incendios aparentemente provocados, y CONAF autorizó de manera anticipada la quema de rastrojos con escasa fiscalización”, indicó a Soy Temuco.

Las palabras de la senadora resultan reveladoras, pues en vez de cuestionar la responsabilidad de quienes iniciaron estas quemas y su impacto letal, vuelve la vista hacia la criminalización genérica de los incendios. No es la primera vez que se busca instalar la idea de un «sabotaje» o se intenta vincular estos hechos a la resistencia mapuche, aunque la realidad apunte en otra dirección.

Una muerte que no puede quedar impune

La comunidad teme que la muerte de Gabriel Toro quede en el olvido. No solo se trata de un brigadista que perdió la vida en el combate del fuego, sino de una persona cuyo sacrificio está siendo ocultado detrás de una versión distorsionada de los hechos.

Aunque trascendió que hay una investigación en curso para determinar las causas, las autoridades deben dar explicaciones sobre las autorizaciones de quema en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental. Los responsables de iniciar el fuego, las entidades que permitieron o no fiscalizaron la situación y las fuerzas de seguridad que miraron hacia otro lado deben responder.

Sin embargo, mientras los medios tradicionales sigan protegiendo los intereses de los grandes propietarios y desviando la atención, la verdad seguirá ardiendo entre las cenizas del silencio mediático.