El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha prometido un indulto presidencial a los policías y militares desplegados en Nueva Prosperina, Guayaquil, tras la masacre que dejó 22 muertos. Este anuncio, realizado mediante redes sociales, plantea serios cuestionamientos sobre la dirección de la política de seguridad en el país y sobre las posibles implicaciones de un indulto preventivo que podría alentar el uso excesivo de la fuerza en un contexto de creciente violencia.
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Noboa, enfrentado a la peor masacre de los últimos dos años, emitió un mensaje claro a las fuerzas de seguridad: «Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes», expresando un respaldo total a los operativos que se realizan en los sectores más violentos de Guayaquil. Sin embargo, esta política de indulto preventivo, que exime de responsabilidades a los uniformados antes incluso de que actúen, despierta preocupaciones sobre la legitimidad de las acciones que puedan desplegarse y sobre el mensaje que se envía a la sociedad respecto al uso de la fuerza por parte del Estado.
El anuncio del indulto presidencial podría interpretarse como una carta blanca para que las fuerzas de seguridad actúen sin temor a rendir cuentas por sus actos. Si bien es innegable que la situación en Guayaquil exige medidas urgentes, la promesa de Noboa podría derivar en un abuso de poder y posibles violaciones a los derechos humanos, en un país donde las tensiones entre la población y las fuerzas del orden ya son elevadas.
La falta de claridad en los criterios para aplicar el indulto preocupa a sectores críticos, que advierten que la medida podría incentivar un accionar desproporcionado. El uso de la fuerza en el marco de la seguridad pública debe estar estrictamente regulado, y las declaraciones de Noboa parecen diluir los principios de responsabilidad y rendición de cuentas, en un país que ha enfrentado episodios de represión y abusos policiales en el pasado.
La promesa de indulto refleja una visión de seguridad centrada en la represión, pero no aborda las causas estructurales de la violencia en Guayaquil, ciudad afectada por la disputa de bandas criminales como «Los Tiguerones». Las recientes redadas, que han resultado en la captura de 14 individuos y la incautación de armas, cartuchos y drogas, demuestran que el Estado está tomando acciones inmediatas; sin embargo, estas medidas parecen más un paliativo que una solución duradera.
El contexto en el que surge esta promesa presidencial también es relevante. El aumento de la violencia en Ecuador está estrechamente vinculado con la expansión del narcotráfico y la pobreza, que sigue afectando a vastos sectores de la población. Aunque los operativos policiales son necesarios para controlar a los grupos delictivos, la falta de políticas integrales que ataquen las raíces de estos problemas podría convertir a la violencia en un fenómeno crónico y sistemático.
Noboa parece haber optado por una política de mano dura que prioriza la fuerza sobre el diálogo, en un intento desesperado por recuperar el control en una ciudad donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. La respuesta a la violencia no puede ser otra forma de violencia institucional.
Fuente: Agencia Xinhua/El Ciudadano
Foto: Redes
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