Diputada Cariola acude a la CIDH para denunciar vulneración de derechos durante allanamiento a su domicilio

El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, anunció este sábado las primeras diligencias que realizará para preparar la defensa de la parlamentaria en la causa por presunto tráfico de influencias que lleva en su contra la fiscalía.

A través de un comunicado, el jurista informó que su primera acción fue solicitar «la nulidad total de las actuaciones» que se realizaron en el marco de la investigación, como la incautación del teléfono celular de la diputada.

Además, se denunció ante el director de la PDI la decisión de los detectives de ejecutar la incautación del celular en el momento en que la parlamentaria estaba dando a luz a su hijo, «incluso amedrentando con un escándalo en la clínica al padre del menor si no accedía».

A juicio del abogado, este hecho atentó «contra las políticas de género y deberes éticos de la policía civil respecto de mujeres vulnerables, como lo son las madres gestantes y en situación de parto».

Finalmente, Manríquez acusa que el informe policial que originó el allanamiento al departamento de Cariola «confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas (…) llegando a conclusiones equívocas que movieron al fiscal señor Cooper y a un tribunal a avanzar en pedir y autorizar diligencias nulas y perjudiciales, ampliamente filtradas a los medios».

Cariola acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Según informó The Clinic, la defensa de Karol Cariola también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de las políticas de género y los derechos del recién nacido.

«La continuidad de errores, faltas y desprolijidades ha llevado a una profusa difusión en medios con otra filtración de ese informe policial incompleto, erróneo y mal hecho, a una campaña de desinformación que nos ha obligado a aclarar las distintas líneas de confusiones que esas diligencias han producido en la opinión pública, para que también se aclaren a la mayor brevedad», señala el abogado.

«Esperamos que la justicia acoja nuestro requerimiento y pueda darse cuenta que, como consecuencia de ese trabajo desprolijo, erróneo, abusivo, fue inducida a dictar una resolución e invadir la privacidad de una persona que, constitucionalmente por los verdaderos antecedentes, jamás habría sido concedida», agregó.