Gobierno termina con el decreto que impide a los estudiantes participar en las decisiones universitarias

La Presidenta, Michelle Bachelet, acompañada por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmó esta mañana el Proyecto de Ley que modifica el Decreto del año 2009 del ministerio de Educación, que termina con la prohibición que impide a los estudiantes y funcionarios administrativos participar con derecho a voto en los órganos encargados de la gestión o dirección de las Instituciones de Educación Superior y en la elección de sus autoridades. Estudiantes han valorado esta decisión.

“Hoy día estamos ampliando las posibilidades de la democracia en nuestras instituciones educacionales y estamos apostando por un nuevo modo de hacer las cosas, con inclusión, diálogo, participación y respeto”, declaró la Mandataria. Y agregó, que “vamos a terminar con una normativa que expresamente excluye a los estudiantes y a los funcionarios administrativos de decisiones relevantes en sus comunidades educativas. Esta derogación es un acto de justicia, y es también la ratificación de nuestro compromiso como Gobierno para estimular procesos más abiertos y democráticos en el debate sobre cada proyecto educativo”.

Los ex dirigentes estudiantiles y actuales diputados, Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), valoraron este jueves el proyecto de ley firmado este jueves por la Presidenta Michelle Bachelet que pone fin al decreto que impide a los estudiantes y funcionarios de la educación superior a participar del gobierno de sus instituciones.

Al respecto, Jackson comentó que «creo que es sumamente importante el paso que se está dando hoy día, es un reconocimiento no solo de la labor cuando nos tocó ser dirigentes estudiantiles, sino que a las generaciones previas a nosotros, porque esto era algo que se venía demandando hace mucho tiempo por el movimiento estudiantil».

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Naschla Aburman, valoró el proyecto de ley firmado este jueves por el Ejecutivo, el cual permitirá la inclusión de los estudiantes y funcionarios administrativos en los gobiernos de las casas de estudio de educación superior.

La dirigente calificó el hecho como «un triunfo del movimiento estudiantil», recordando que la modificación del decreto que excluía el derecho a voto de ciertos actores en las universidades era «una demanda histórica» que se prolongó por al menos ocho años.

«Esto es un gran logro para nosotros. Es fundamental que el proyecto siga su camino y no se encuentre con trabas en el camino. Esperamos que exista voluntad política de los diputados y senadores para que esto siga su rumbo», opinó

El proyecto termina con la limitación al ejercicio de la autonomía institucional, posibilitando que las casas de estudio incluyan en su forma de gobierno y gestión a todos los integrantes de sus respectivas comunidades educativas. Por otra parte, protege la libertad de asociación de los estudiantes al establecer que en ningún caso los estatutos o normativas internas de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica podrán contener disposiciones que prohíban la organización de sus miembros.

Además, faculta a la Presidenta de la República para que, mediante decreto con fuerza de ley, dicte nuevas normas estatutarias o modifique las vigentes, de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de Valparaíso. Éstas manifestaron su interés en regirse por nuevos estatutos orgánicos, ya que cuentan con unos dictados durante los años 80. Por ser organismos públicos, sus normas fundamentales son de rango legal.

Una vez que se publique la presente ley, los rectores de ambas casas de estudio, en un plazo máximo de tres meses, deberán presentar al ministerio de Educación un proyecto de nuevo estatuto orgánico o de modificación del vigente, indicando: forma de gobierno; estructura académica y administrativa esencial; procedimientos para crear, modificar o suprimir su estructura académica, planes, programas y carreras, para modificar sus plantas de personal o las normas para fijar las remuneraciones, entre otros aspectos.