Arriendos caros y déficit habitacional en el Maule

El Maule enfrenta un problema que va más allá de la emergencia. Se trata de una crisis estructural relacionada con la disponibilidad de suelo, los costos de construcción y la lentitud en los permisos. La falta de terrenos bien ubicados y la ausencia de políticas de vivienda a largo plazo impiden diseñar una estrategia sostenible de desarrollo urbano.

Arriendos caros y déficit habitacional en el Maule

Autor: El Ciudadano

Por Marco Enríquez-Ominami e Ignacio Bustos

Es indignante que una región fundamental para el desarrollo de Chile, como el Maule, arrastre desde hace tanto tiempo un problema tan grave como es el del déficit habitacional, que no solo afecta a quienes viven en condiciones precarias —especialmente de allegados o hacinados—, sino también a las clases medias porque ese déficit, sumado a la inflación, ha hecho que los precios de los arriendos alcancen niveles impagables o dolorosos para el bolsillo, y eso no es justo.

Según reportó el INE (2023), la ciudad de Talca, por ejemplo, enfrenta un déficit habitacional que se manifiesta tanto en familias allegadas o arrendatarias como en la proliferación de asentamientos informales. La crisis de la vivienda es un problema nacional, sin duda, pero se expresa de manera especialmente grave en el Maule, donde muchos hogares de ingresos medios y bajos destinan una proporción excesiva de sus sueldos al arriendo. De hecho, según informó la radio FM+ de Talca, familias con ingresos cercanos a 700.000 pesos mensuales, deben pagar hasta 500.000 en arriendo, lo que equivale a un salario mínimo. Una situación que es, a todas luces, insostenible y asfixiante y que alimenta el círculo vicioso entre oferta limitada y demanda creciente, lo que hace que los precios de los arriendos suban una y otra vez.

Talca, además, como capital regional, atrae migración laboral y estudiantil. Sin embargo, la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios no ha sido suficiente, lo que genera otro loop en ese círculo vicioso de déficit de oferta. Y así, mientras el mercado opera con escasez, las personas deben buscar refugio fuera del Estado y del mercado, optando por allegarse entre familiares y amigos.

El Gobierno lanzó el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 y construyó 17.000 viviendas en el Maule, pero se quedó corto. La política habitacional no puede ser siempre «de emergencia»; debe ser una estrategia permanente de construcción y de entrega de subsidios. ¡La vivienda tiene que ser digna y estable, en Santiago y en el Maule! Se debe aliviar la carga inmediata con subsidios al arriendo, sí, pero estos mecanismos paliativos deben evolucionar hacia una oferta que permita estabilizar los precios y hacia una intervención del Estado que regule los abusos en contratos —evitando cláusulas abusivas, asegurando estándares mínimos de habitabilidad y fiscalizando contratos informales—.

Nos hemos acostumbrado a vivir en una puerta giratoria de la vivienda digna, en la que poder o no pagar el arriendo depende de si se mantiene o no tal o cual política de subsidio.

Para cambiar esto, es fundamental, como sostienen desde hace tiempo los especialistas, incentivar la inversión privada en proyectos de viviendas asequibles, y no solo en proyectos de integración social que terminan beneficiando a sectores medios-altos. En Europa, por ejemplo, existen modelos de vivienda social pública de alquiler, que podrían explorarse en Chile como alternativa al subsidio individual. Todo esto debe ir acompañado de algo que es, en realidad, el punto de partida: la simplificación de trámites de permisos, con el fin de aumentar la oferta y moderar los precios en el mediano plazo.

Además, esta política habitacional debe ir de la mano con una planificación urbana inteligente. El municipio y el gobierno regional deben coordinar la extensión de redes de agua potable y alcantarillado hacia las zonas de expansión, mejorar el transporte público, particularmente en horas punta y sectores periféricos, y asegurar el mantenimiento de esta infraestructura. Para que esta planificación sea efectiva, es clave la participación ciudadana: las autoridades deben escuchar a la comunidad para comprender dónde aprieta el zapato y cuáles son las prioridades a nivel barrial.

El Maule enfrenta un problema que va más allá de la emergencia. Se trata de una crisis estructural relacionada con la disponibilidad de suelo, los costos de construcción y la lentitud en los permisos. La falta de terrenos bien ubicados y la ausencia de políticas de vivienda a largo plazo impiden diseñar una estrategia sostenible de desarrollo urbano. Por eso, Talca y el Maule requieren un enfoque integral, que combine políticas de suelo (lotes con servicios, bancos de tierras urbanas), subsidios, proyectos inmobiliarios público-privados y planificación territorial, pero, antes que todo, se necesita una voluntad política que no solo piense en las familias más vulnerables, sino también en las clases medias, y que piense a Chile desde las regiones.

En concreto, es imperativo crear un fondo permanente de vivienda pública, con una asignación de recursos suficiente para garantizar soluciones habitacionales en el Maule. El centro no es Santiago, porque el centro de la vida está donde viven las personas. Donde hay un chileno o una chilena, hay también un centro. Por eso, necesitamos que los y las maulinas se conviertan en locomotoras del cambio, y nunca más, de nuevo, en sus vagones.

Por Marco Enríquez-Ominami e Ignacio Bustos


Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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