La justicia de los campamentos

Quisiera que todos mis lectores pensaran por algunos momentos en qué harían si no tuviesen donde vivir, darles cobijo a sus familias. Si los recursos que apenas obtienen no les alcanzaran para arrendar o comprar una propiedad o sitio. Si es que no procedieran, después de demandarles sus derechos a las autoridades, a tomarse una propiedad privada que está abandonada. Libre de uso de parte de sus dueños legales. Para organizarse con otros en su misma condición, ya sea porque están cesantes, perciben un ingreso miserable y, muchas veces, imposibilitados de satisfacer las más modestas necesidades de su cónyuges, parejas e hijos.

Es lo que se llama “campamentos” en Chile. Poblaciones constituidas de hecho por numerosas personas y familias que históricamente han debido asentarse precariamente en lo que antes se llamaba poblaciones “callampas”, villas miseria o favelas, como en Brasil y presentes en casi todos los países del continente.

Desde la vereda de la riqueza o de los que tienen resueltas sus necesidades habitacionales es frecuente condenar estas ocupaciones “ilegales”, así como instar a los gobiernos y jueces a destruir las modestas viviendas levantadas por los más pobres del país, en que es difícil escapar del calor en el verano y muy arduo guarecerse del frío y de las lluvias en el invierno. Así como de los terremotos que nos son tan habituales o los trágicos incendios que ahora se descubre que son intencionales y que dejan cientos de muertos, damnificados, heridos y desaparecidos. Especialmente entre los niños y los ancianos que no alcanzan a escapar de estas catástrofes.

En las últimas semanas, no pocos políticos se han sumado al coro de los que reclaman la acción de las policías y los militares para derrumbar sus precarias instalaciones y expulsar a la intemperie a sus moradores. De derecha en su mayoría, pero también de quienes presumen todavía de izquierdistas. Potentes voces que nos llaman a respetar el “estado de derecho”, a cumplir con los insensibles fallos de algunos jueces y tribunales. Siempre apelando a la podrida Constitución legada por Pinochet que todos han coincido en reemplazar o, al menos, modificar.

Se dice que lo justo es devolverles esas tierras a sus antiguos moradores, sin que se considere si las adquirieron limpiamente, si no fueron graciosas concesiones estatales como las miles de hectáreas de la Araucanía y hasta del desierto de Atacama. “Propietarios” que recién ahora descubren que esos sitios y parcelas eran de su propiedad, en el intento de venderlas al mejor postor, a las ávidas empresas constructoras. Al igual que un Donald Trump, que busca ocupar la Franja de Gaza para levantar lujosos condominios. Y, además, busca ponerle fin a la guerra ruso ucraniana para cobrar en ricos recursos minerales lo invertido en armas durante tres años de fatídica guerra.

Miserables sujetos movidos por la codicia y la usura, con la pasiva reacción de quienes no se conduelen de la mala suerte de tantos compatriotas y emigrantes. Que apelan a la defensa de la “propiedad privada”, pero se resisten a respetar, por ejemplo, los derechos ancestrales de los mapuches en el sur. Toda una gentuza nacional que forma parte de los más detestable de nuestra población, del mundo fútil y superficial de los rostros de la televisión y de la farándula criolla.

Todo un número de delincuentes de cuello y corbata que ahora descubren los derechos de quienes en el pasado violaron los de las mayorías y hasta hoy defienden en los tribunales la impunidad de los militares y civiles asesinos. De quienes, no solo pisotearon los derechos sociales, sino la dignidad misma de los humildes y disidentes.

Malhechores incapaces de escuchar el clamor de los oprimidos, respetar la opinión de las instituciones eclesiásticas y de la sociedad civil que consideran legítimas estas ocupaciones y demandan del Estado democrático a que, por motivo alguno, continúe implementando los desalojos y provocando la crisis humanitaria en estos campamentos, cuyos habitantes tienen el pleno derecho de defenderse, hasta con la violencia si fuera necesaria. ¡Viva el desacato e las autoridades, en este caso, ante la bochornosa decisión de las cortes de apelaciones y la propia Suprema! Integradas, como se sabe, por muchos jueces venales y corruptos. Ciertamente que la justicia debe estar por sobre la Ley.

Los chilenos dignos debieran entrar en estado de alerta para imponer que, sobre lo que dispongan los jueces, prevalezca el derecho a la vida y la vivienda. Exigiendo a un gobierno que, hasta aquí se proclama de izquierda, haga caso omiso de las demandas del egoísmo y la rapiña institucionalizadas. Y dedique todos los recursos públicos que fuesen necesarios para normalizar los campamentos y apoyar a quienes se mantienen en la pobreza extrema como en la cruel incertidumbre a lo largo de todo el país.

Así podríamos comenzar a disminuir la inequidad social que nos marca como el peor país de la OCDE. Donde los más ricos y organizados cuentan con leyes, medios de comunicación y políticos abyectos; mientras que los que debieran ser representantes de los pobres y marginados ocupan todo su tiempo en la organización de elecciones, procesos que no cambian para nada la realidad de injusticia que oprime a las grandes mayorías.

Incluso las policías y FFAA debieran en esta hora resistirse y dejar de aplicar la fuerza que siempre es todavía más ilegítima y antipatriota cuando se descarga contra los más indefensos.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Política y Utopía, 7 de marzo 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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