El lunes, frente al Capitolio de EE.UU., decenas de empleados públicos se reunieron en una manifestación para protestar contra las nuevas medidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE). La principal preocupación expresada por los manifestantes es el ambiente de presión y miedo que se ha generado debido a las recientes exigencias del DOGE, encabezado de facto por Elon Musk, que obligan a los funcionarios a reportar su desempeño semanal o enfrentar el despido.
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Una funcionaria que tomó la palabra en la protesta resumió el sentir generalizado de los empleados federales. «¿Qué tan aterrador es que te digan, ‘qué hiciste la semana pasada en el trabajo? Y si no contestas, te despido’. Eso no es pedir eficiencia, es crear un ambiente de amenaza», exclamó ante los presentes. Además, criticó el respaldo del presidente Donald Trump a estas medidas, lo que, según ella, refuerza el sentimiento de vulnerabilidad entre los trabajadores.
El origen del conflicto se remonta al ultimátum que Musk lanzó el 22 de febrero. Según esta nueva política, los empleados federales deben presentar un informe semanal detallando sus actividades o renunciar a sus puestos. Esta medida es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump, a través del DOGE, para reducir el tamaño del aparato gubernamental y disminuir el gasto público eliminando miles de empleos que se consideran redundantes.
Sin embargo, la implementación de esta política ha generado caos en varias agencias, como el FBI y el Departamento de Estado, cuyos líderes aconsejaron a sus empleados no responder de inmediato a las órdenes de Musk. La situación ha llevado a que algunos trabajadores clave, que inicialmente fueron despedidos, hayan tenido que ser recontratados para evitar interrupciones graves en los procesos administrativos.
El descontento se intensificó el 23 de febrero, cuando la Administración Trump anunció que enviaría a todo el personal no esencial de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) a vacaciones administrativas pagadas, y eliminaría más de 1.600 puestos de trabajo en territorio estadounidense.
Los empleados públicos se preparan para futuras movilizaciones, temerosos de que las reformas del DOGE continúen erosionando sus condiciones laborales y su estabilidad profesional.
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