El gobierno de Luis Arce enfrenta una presión creciente para lograr la aprobación de los contratos que permitirían la explotación y la industrialización del litio en Bolivia, en particular en el salar de Uyuni, Potosí. Con una inversión prevista de 2.000 millones de dólares para la construcción de plantas procesadoras, los contratos con empresas de Rusia y China están siendo detenidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, un retraso que podría extenderse por una década si no se resuelve antes de 2025.
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El presidente Luis Arce ha advertido que si no se aprueban los acuerdos con la Uranium One Group (Rusia) y la Hong Kong CBC (China), Bolivia perderá la oportunidad de industrializar su litio en el corto plazo, lo que podría retrasar el inicio de la industria del litio por al menos 10 años. Arce insistió en que el proceso de negociación con Rusia y China es fundamental para el desarrollo económico del país.
Sin embargo, las dificultades políticas continúan. Los legisladores de la oposición y algunos miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), así como actores políticos de Potosí, se han opuesto a la aprobación de los contratos, citando preocupaciones sobre las ganancias para Bolivia y el impacto ambiental de la extracción del mineral. En este contexto, algunos sectores del Gobierno han propuesto avanzar con la construcción de las plantas en el salar de Coipasa, en el departamento de Oruro, donde la conflictividad política es menos intensa.
El analista Martín Moreira, explicó que los contratos en discusión podrían ser muy beneficiosos para Bolivia, ya que las regalías estarían divididas en un 51% para el país y un 49% para las empresas extranjeras, de las cuales una parte significativa se quedaría en Bolivia a través de impuestos y salarios. A pesar de las críticas de las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan los términos de los acuerdos, Moreira consideró que los contratos ofrecidos por las empresas internacionales representan una oportunidad crucial para Bolivia, especialmente si se busca el desarrollo de una industria de baterías de litio a mediano plazo.
Un tema central en el debate sobre la explotación del litio es el uso de agua. Las organizaciones ambientalistas alertan que la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), propuesta en los contratos, podría consumir grandes cantidades de agua. Sin embargo, Moreira subrayó que este proceso es más eficiente en términos de consumo de agua en comparación con las técnicas utilizadas en países como Chile y Argentina, donde las piscinas de evaporación requieren millones de litros de agua por tonelada de litio producido. La EDL, según el analista, solo utilizaría 56.000 litros por tonelada, y el 70% del agua usada podría ser recuperada.
El presidente Arce ha destacado que, de aprobarse los contratos, Bolivia recibiría una importante inversión, con un efecto positivo sobre la creación de empleos. La construcción de las plantas en el salar de Uyuni generaría miles de empleos directos e indirectos, y el país también se beneficiaría de un crecimiento en la industria minera y el procesamiento de litio. A pesar de los desafíos políticos, el gobierno boliviano mantiene que la industrialización del litio es esencial para asegurar un futuro económico sólido para el país.
El tema de las regalías sigue siendo una preocupación importante. Instituciones de Potosí han solicitado que el porcentaje de regalías para la región aumente del 3% al 5%, lo que podría negociarse en una futura Ley de Litio, que aún no avanza debido a las disidencias dentro de la Asamblea. Sin embargo, según Moreira, las regalías podrían alcanzar hasta el 11% en función del volumen de producción, lo que mejoraría significativamente los ingresos para Bolivia.
El litio, un mineral clave en la transición hacia energías limpias, ha visto fluctuaciones en su precio, que ha bajado desde los 70.000 dólares por tonelada en 2023 a 10.000 dólares en la actualidad. A pesar de esta caída temporal, los expertos predicen que los precios aumentarán nuevamente en los próximos años debido al crecimiento de la demanda global por baterías y la electrificación de la industria del transporte.
Para Bolivia, el tiempo es esencial. Si los contratos no se aprueban en 2025, el país podría enfrentarse a un retraso de al menos una década, lo que comprometería su capacidad de competir en la industria global del litio.
Foto: El Ciudadano
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