El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta graves acusaciones por un presunto intento de golpe de Estado para bloquear la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva. En una decisión reciente, la Fiscalía de Brasil desestimó los argumentos de la defensa de Bolsonaro, lo que permitió que el proceso judicial continúe su curso. La decisión final sobre su juicio será tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
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Bolsonaro, de 69 años, está siendo investigado por su supuesta implicación en la organización de un plan para impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022, tras su derrota electoral. Junto con 33 personas más, se le imputa el delito de “golpe de Estado”, así como “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”.
De acuerdo con la Fiscalía, Bolsonaro habría estado involucrado en un complot para interrumpir la transición de poder, un plan que fue frustrado antes de su ejecución, pero cuya naturaleza violenta y antidemocrática sigue siendo el foco de la investigación. La denuncia, presentada por la Policía Federal y respaldada por la Procuraduría General de la República, asegura que la intervención de Bolsonaro solo fue detenida por “circunstancias ajenas a su voluntad”.
La defensa de Bolsonaro, en un extenso documento de 129 páginas, insistió en su inocencia y cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas. A través de un recurso ante el STF, solicitó la anulación de las confesiones del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien según la Fiscalía, desempeñó un papel crucial en el caso al colaborar con la investigación.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó los argumentos de la defensa, calificándolos de «insostenibles» y reafirmando que el proceso debe seguir su curso judicial dentro del STF. En caso de ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión por sus acciones.
Si el STF admite finalmente la denuncia, Bolsonaro sería el primer expresidente brasileño en ser juzgado por intentar subvertir el orden democrático del país. Este caso podría desencadenar consecuencias significativas en la política brasileña, dada la fuerte base de seguidores que el exmandatario aún conserva, a pesar de los serios cargos que enfrenta.
Foto: El Ciudadano
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