Exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, enfrenta demanda por tortura en EE. UU.

Édgar Veytia, exfiscal general de Nayarit, México, conocido como «El Diablo», enfrenta una nueva demanda civil presentada en Estados Unidos por cinco familias nayaritas, quienes lo acusan de ser responsable de actos de tortura perpetrados entre 2012 y 2017, periodo conocido como «El Terror en Nayarit». La demanda, interpuesta el pasado 21 de febrero ante la Corte de Distrito de Washington D.C., forma parte de un esfuerzo por obtener justicia por los abusos que se cometieron bajo el liderazgo de Veytia, quien también estuvo involucrado en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

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El caso, que involucra a antiguos agricultores, pequeños empresarios y residentes de la región, alega que Veytia y sus subordinados sometieron a las víctimas a tortura, violencia sexual, secuestros, detenciones arbitrarias, y la expropiación forzada de propiedades. En su acusación, los demandantes afirman que su lucha por preservar sus recursos y dignidad los convirtió en blancos de un sistema opresivo que operaba con total impunidad en Nayarit.

Según el documento legal, las víctimas no solo sufrieron abusos físicos, sino que también se enfrentaron a un entorno de hostilidad que imposibilitó la búsqueda de justicia dentro del sistema mexicano, debido a la complicidad de funcionarios públicos. La demanda busca que se reconozca la responsabilidad de Veytia y se otorgue compensación por los daños sufridos.

Édgar Veytia fue arrestado en marzo de 2017 al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, donde se le vinculó con actividades de narcotráfico. Posteriormente, fue condenado por tráfico de drogas y, en 2019, se declaró culpable de los cargos. Sin embargo, tras colaborar como testigo clave en el caso contra Genaro García Luna, su sentencia fue reducida y, en febrero de 2025, logró su liberación condicional.

Veytia, quien también posee ciudadanía estadounidense, utilizó su posición como fiscal de Nayarit para proteger operaciones de narcotráfico y facilitar la entrada de drogas a Estados Unidos. La demanda civil, que está amparada bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), permite a las víctimas de tortura presentar demandas contra los responsables en tribunales federales de Estados Unidos, independientemente de donde ocurrieron los hechos.

De resultar exitosa, esta demanda podría establecer un precedente importante para futuras acciones legales de víctimas de tortura perpetrada por narcotraficantes convictos, permitiendo que los afectados busquen justicia en tribunales estadounidenses. Los demandantes están siendo representados por G37 Centre, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, en colaboración con la firma internacional de abogados Baker McKenzie, que actúa pro bono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine.

Michael Reed, director de programas de G37 Centre, destacó la gravedad de los actos cometidos bajo el mando de Veytia, señalando que estos abusos reflejan «un abuso de autoridad extremo» y una «peligrosa alianza» entre actores públicos y privados en Nayarit.

Por ahora, el caso ha sido asignado al juez Timothy J. Kelly, y Veytia deberá enfrentar las acusaciones mientras se encuentra bajo libertad condicional, lo que lo obliga a residir cerca de la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde fue procesado por narcotráfico.

Las víctimas, que luchan por obtener justicia por casi una década, esperan que esta demanda no solo visibilice las violaciones cometidas bajo el mandato de Veytia, sino que también sirva para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

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