La familia Gutiérrez Martínez, que ha estado viviendo durante más de cuarenta años a las orillas del Río Bueno, enfrenta un desalojo inminente tras una demanda presentada por la empresaria Irma Iturriaga Zelaya y el dueño de Río Restobar, quienes reclaman la restitución del terreno. Desafortunadamente para la familia, un error en la presentación de la defensa por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, dejó sin efecto su oposición dicha demanda.
El conflicto comenzó en noviembre pasado, cuando la familia Gutiérrez Martínez fue notificada de una demanda por ocupación ilegal del terreno ubicado en la calle Carlos Condell 1705. La familia había adquirido el terreno mediante un contrato de compraventa en 1973, pero nunca lo inscribieron en Bienes Raíces, lo que generó problemas en la validación de la propiedad.
“La Corporación de Abogados se equivocó, envió la defensa tarde, por un día, y una vez que se atrasó, la justicia empezó a rechazar absolutamente toda nuestra defensa. Fue un juicio cerrado, en el que no tuvimos chance de ni siquiera demostrar que lo que ellos decían era mentira”, denunció Daniela Gutiérrez Martínez, hija de los afectados, ante el error logístico de los abogados.
En esa misma línea, confirmó que abogados particulares les informaron que debido al error cometido por la Corporación de asistencia Judicial (asesoría legal gratuita) al presentar fuera de plazo la oposición, ya no hay opciones legales para revertir el desalojo: “Nos dijeron que, por el error de la corporación al presentar tarde la oposición, ya no podemos hacer nada, al menos con este juicio. Solo nos queda acatar el desalojo y nada más”, explicó.
La familia también intentó obtener más tiempo para poder encontrar un lugar donde vivir, dado el plazo para desalojar. Sin embargo, la solicitud fue denegada por el tribunal: “Cuando pedimos un mes de plazo para el desalojo, porque en 10 días era muy poco tiempo para encontrar un arriendo y ver qué hacer con nuestros papás, también nos lo rechazaron. No nos dieron tiempo de nada”, acusó Daniela.
No obstante, la tercería presentada por la familia fue rechazada debido a la falta de los documentos válidos y por haber sido presentada fuera del plazo. A pesar de las solicitudes de suspensión del desalojo por razones humanitarias, el tribunal mantuvo la orden de desalojo, a raíz de que no se acreditaron los requisitos legales para la suspensión.
“Ya agotamos todas nuestras posibilidades. De hecho, ya dimos por perdida la tierra. Estamos buscando un arriendo ahora para podernos ir, porque ya estamos con el tiempo límite y nos dicen que en unos días más van a ir con Carabineros a desalojar”, finalizó.