Salinas Pliego amenaza con demanda a ministra Lenia Batres

Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario empresario dueño de Grupo Salinas, ha desatado una nueva controversia al amenazar con demandar a la ministra Lenia Batres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La razón de esta amenaza parece ser la postura que Batres ha adoptado en relación con la batalla legal que Salinas libra para evitar el pago de créditos fiscales multimillonarios, así como la negativa a permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga acceso a su información bancaria en el marco de la investigación de los Pandora Papers, en la que se le vincula con paraísos fiscales. La reacción de Salinas no se ha hecho esperar, y en redes sociales ha calificado a Batres de “ministra burra” y ha afirmado que sus prejuicios e “ignorancia” la llevan a tomar decisiones que, a su juicio, dañan al país.

Véase también: Lenia Batres abandona la sesión y acusa a la Corte de complicidad con Salinas Pliego

Sin embargo, las acusaciones de Salinas parecen más un intento desesperado por desviar la atención de un asunto mucho más grave: su presunta implicación en esquemas financieros opacos que podrían comprometer la integridad del sistema financiero nacional. En lugar de enfrentar la situación con transparencia, el empresario ha optado por descalificar a quienes se oponen a su intento de evadir la ley. El objetivo de Salinas parece claro: eludir su responsabilidad ante el fisco y ante la justicia.

Lo cierto es que el magnate no solo está en contra de la participación de Batres en su caso, sino que también busca evitar que la UIF tenga acceso a su información financiera. Esta solicitud de acceso, hecha por el organismo fiscalizador, es parte de una investigación más amplia sobre el uso de paraísos fiscales que involucra a varias figuras del mundo empresarial. Al presentar su amparo, Salinas intenta proteger su privacidad financiera, argumentando que cualquier divulgación de su información bancaria sería un acto ilegal y una violación de sus derechos.

El argumento de Salinas de que la ministra Batres no tiene la “objetividad” para juzgar su caso, simplemente porque su postura se alinea con una interpretación legal que podría ir en contra de sus intereses, suena más como una excusa para bloquear el acceso a información crucial que podría exponerlo. Este tipo de actitudes no hacen más que reflejar una falta de compromiso con la transparencia y la justicia que debería caracterizar a todos los actores del ámbito empresarial.

A pesar de las amenazas legales y las descalificaciones públicas, el caso de Salinas ha encontrado una respuesta sólida en las instituciones y figuras políticas que defienden la legalidad. La Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado que el amparo concedido a Salinas representa un “grave precedente” que podría abrir la puerta a una impunidad inaceptable. Si la SCJN convalida esta resolución, se sentaría un precedente peligroso, que permitiría a cualquier persona, independientemente de su poder económico, eludir las leyes nacionales en materia de lavado de dinero y fiscalización. Tal decisión pondría en riesgo los esfuerzos del país por combatir las estructuras financieras ilícitas y los recursos de procedencia dudosa.

Además, la ministra Lenia Batres ha recibido el respaldo de la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ha condenado los ataques personales dirigidos hacia la funcionaria por su postura en este caso. Sheinbaum, al igual que otros miembros del gobierno y de la SCJN, ha reiterado la importancia de que los procesos judiciales se lleven a cabo sin presiones externas y sin la influencia de intereses particulares. En su opinión, el fondo del asunto no es otro que el pago de impuestos, un derecho y obligación que todos los ciudadanos deben cumplir, independientemente de su estatus o poder económico.

Es evidente que la actitud de Salinas Pliego busca desviar la atención del núcleo del problema: su presunta evasión fiscal y sus vínculos con estructuras offshore. En lugar de defender su posición con base en principios legales, el empresario recurre a la descalificación y la confrontación. Este tipo de maniobras solo demuestra que, para algunos, las leyes son algo opcional cuando se tienen los recursos para eludirlas.

El caso de Salinas debe ser un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. La justicia no puede ser manipulada por intereses empresariales, y la transparencia debe prevalecer en todos los niveles. La actitud del magnate solo refuerza la necesidad de fortalecer las instituciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Foto: El Ciudadano

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