El Instituto Nacional Electoral (INE) ha vuelto a levantar la voz ante lo que considera una falta de recursos para llevar a cabo la elección judicial, que se celebrará en menos de tres meses. A través de su consejero Martín Faz Mora, el organismo alertó sobre los serios riesgos que corre el proceso electoral debido a la insuficiencia de los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, este reclamo plantea una serie de interrogantes sobre el manejo de los fondos públicos y la eficiencia del INE.
Véase también: INE asegura 84 mil casillas para elección judicial
El INE solicitó una ampliación de presupuesto por un monto de 1,511 millones de pesos para poder organizar la elección judicial, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, solo se aprobaron 800 millones, lo que representa poco más de la mitad de lo solicitado. El INE ha advertido que esta cifra es insuficiente, lo que podría poner en riesgo la instalación de las 84,222 casillas seccionales que originalmente se habían planeado. A tan solo dos meses y medio de la elección, la situación parece crítica, pero surge la duda: ¿Es este un problema exclusivamente de falta de recursos, o existe un manejo cuestionable de los mismos?
El recorte presupuestal que el INE ha enfrentado este año ha sido calificado como «histórico» por las propias autoridades del organismo. De acuerdo con el informe bimestral sobre la situación presupuestal, al culminar el primer bimestre del 2025, el INE ya había generado un ahorro de 73 millones de pesos. Si bien este ahorro es generalmente visto como una medida de eficiencia, no son pocos los que cuestionan su origen. La consejera Dania Ravel expresó su preocupación, al señalar que los ahorros podrían deberse a la vacancia de plazas o incluso a despidos de personal. Además, destacó que esta falta de transparencia en la justificación de los ahorros puede tener consecuencias negativas en el cumplimiento de las funciones institucionales del INE.
La consejera Claudia Zavala también se mostró preocupada, señalando que la falta de personal debido a vacantes podría estar generando una sobrecarga de trabajo para los empleados actuales. Este tipo de medidas, aunque orientadas a la austeridad, puede tener efectos adversos en el ambiente laboral y en la eficiencia del organismo. Es más, se podría argumentar que el INE está recortando recursos precisamente en áreas clave, lo que compromete la calidad y la agilidad de los procesos electorales.
Es necesario preguntar: ¿realmente el INE necesita más dinero o es un problema de gestión ineficiente de los recursos disponibles? No es un secreto que el INE ha sido criticado en el pasado por la falta de transparencia en la asignación de recursos y la cantidad de dinero que maneja. La crisis actual podría ser vista como una oportunidad para cuestionar el modelo de funcionamiento del INE y su capacidad para organizar elecciones de manera eficiente sin depender de presupuestos inflados.
Ante la solicitud del INE de una ampliación presupuestal y los cuestionamientos sobre su gestión de recursos, es importante señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido soluciones viables que promueven la reutilización del material electoral, que, en muchos casos, apenas ha sido utilizado en elecciones recientes. Esta propuesta apunta a la racionalización de los recursos y a la optimización de lo ya disponible, lo que estaría alineado con las políticas de austeridad y la necesidad de una gestión pública más eficiente.
Sin embargo, el INE parece resistirse a adoptar este tipo de medidas, continuando con su tradicional enfoque de solicitar más recursos sin explorar en profundidad alternativas más sostenibles. Esta falta de alineación con las políticas de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos no solo pone en evidencia una desconexión con el contexto actual del país, sino también la necesidad urgente de una reforma electoral integral que permita redefinir los procesos y mecanismos dentro del sistema electoral mexicano.
Una reforma electoral se vuelve cada vez más necesaria para optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar la transparencia en la gestión del dinero destinado a las elecciones, y establecer políticas claras que promuevan la eficiencia dentro de los órganos autónomos, como el INE. Es fundamental que se revisen las estructuras y procedimientos que aún dependen de prácticas desactualizadas, para adaptarse a un entorno que exige mayor responsabilidad y una mejor rendición de cuentas.
Foto: El Ciudadano
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