«No prendió»: Tribunal rechaza querella de diputado Celis (RN) contra Karol Cariola e Irací Hassler por supuesto tráfico de influencias

Durante la tarde de este lunes, la Justicia rechazó la querella presentada por el diputado Andrés Celis (RN), quien acusaba a la parlamentaria Karol Cariola (PC) y a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), de presunto tráfico de influencias y posible financiamiento ilegal de actividades políticas.

La denuncia de Celis se basaba en documentos y conversaciones que, según el, mostraban cómo Cariola habría gestionado favores administrativos a través de Hassler, cuando esta aún era alcaldesa, en beneficio del empresario de origen chino, Yang.

Tras conocer el fallo, el parlamentario de Renovación Nacional expresó su descontento, calificándolo como «incomprensible». Afirmó que esta resolución limita gravemente la capacidad de los parlamentarios para fiscalizar y podría abrir la puerta a que ciertos actos ilícitos queden impunes. «¿Por qué en otros casos los diputados podemos actuar como querellantes, pero en esta situación específica la justicia nos cierra esa posibilidad?», planteó Celis, argumentando que la decisión vulnera el derecho constitucional de cualquier ciudadano a buscar justicia.

El diputado también denunció que fue objeto de hostigamiento y presiones antes de presentar la querella, asegurando que había sido advertido de antemano que su acción sería rechazada, incluso antes de ser revisada formalmente.

La defensa no se rinde: apelarán

Luis Silva, abogado de Celis, anunció que apelarán la resolución ante tribunales superiores. Silva calificó la decisión como preocupante, argumentando que restringe el derecho de cualquier ciudadano a presentar querellas por delitos de carácter público.

El abogado también cuestionó la interpretación judicial sobre el concepto de residencia y domicilio, señalando que la doctrina jurídica tradicional reconoce la posibilidad de tener múltiples domicilios.

Finalmente, Celis insistió en que la decisión podría sentar un precedente negativo, debilitando futuras acciones fiscalizadoras. Por ello, subrayó la importancia de la apelación para revertir lo que considera una restricción injustificada al derecho de denunciar posibles delitos en la función pública.