Chile exporta certificaciones, pero no derechos: denuncian aval que «legitima» a salmoneras que operan en territorios indígenas

Organizaciones sociales denunciaron que Chile exporta certificaciones, pero no derechos, ya que en el país se avalan las actividades desarrolladas por las salmoneras en la Patagonia que tienen un impacto negativo, tanto en el medio ambiente, como en las comunidades indígenas que habitan en la zonas donde operan estas empresas.

Durante la Convención Mundial sobre los Esquemas de Certificación y los Sistemas de Auditoría Asociados que afectan los derechos humanos, que se celebró en Yakarta, Indonesia, entre el 10 y el 12 de marzo, se abordó la concesión de certificaciones ambientales internacionales, como las otorgadas por Best Aquaculture Practices (BAP) y Marine Stewardship Council (MSC), a actividades salmoneras en la Patagonia chilena.

«Estas prácticas benefician a empresas locales y transnacionales que operan en áreas protegidas y aguas prístinas, vitales para la biodiversidad», alertaron los representantes y referentes de diversas organizaciones e instituciones de Pueblos Indígenas de más de 15 países de América Latina, África y Asia, junto a entidades ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos que participaron en el encuentro.

Asimismo, señalaron que las salmoneras «vulneran los derechos de comunidades costeras e indígenas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, incluyendo Espacios Costeros Marinos de Uso Consuetudinario, cuyos medios de vida y entornos naturales enfrentan serias afectaciones».

Ante este escenario, plantearon la necesidad de adoptar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos indígenas, asegurando la conservación de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades.

«La Patagonia es un tesoro global, cuyos bosques marinos y contribuciones de oxígeno son esenciales para el planeta. Proteger este legado es un compromiso ineludible con las generaciones presentes y futuras», enfatizaron.

Las organizaciones extendieron un llamado a las entidades certificadoras a reevaluar sus criterios y revisar los incumplimientos de estándares internacionales por parte de las empresas salmoneras, argumentando que «la transparencia y el rigor en estos procesos son fundamentales para preservar la integridad ambiental y social de la Patagonia, un patrimonio invaluable para la humanidad».

“Es urgente, asimismo, evaluar las prácticas impulsadas por sectores de la industria acuícola que han afectado los derechos indígenas, en particular, aquellos consagrados en la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)”, afirmaron las representaciones participantes en Yakarta.

Fracaso de los sistemas de certificación para prevenir violación de derechos

En el marco de la convención internacional, se compartieron experiencias orientadas a la construcción de un entendimiento común sobre los diferentes esquemas de certificación para sectores industriales con acceso a mercados internacionales, incluyendo la minería, el aceite de palma, la madera, la pulpa y el papel, los créditos de carbono-biodiversidad, las energías renovables y la acuicultura.

Además, se abordó la historia de impactos negativos que diversas comunidades han enfrentado debido a la producción extractivista para mercados internacionales, resaltando sus consecuencias en los derechos humanos y el medio ambiente.

En el caso concreto de Sudamérica, los representantes de las organizaciones discutieron problemáticas en los sectores minero, forestal y acuícola, evidenciando deficiencias en los sistemas de certificación y en sus mecanismos de auditoría, gobernanza y reclamaciones.

Estos problemas han llevado al fracaso de los sistemas de certificación para prevenir las violaciones de nuestros derechos colectivos en las cadenas de suministro de productos básicos y, en muchos casos, han legitimado violaciones continuas y no remediadas al poner un sello de sostenibilidad en los productos derivados de nuestros territorios sin nuestro consentimiento previo, libre e informado», plantearon en el documento final del encuentro.

Asimismo, reafirmaron que, pese a avances normativos, los mecanismos de auditoría y gobernanza carecen de independencia, transparencia y efectividad, perpetuando abusos.

«Los Pueblos Indígenas exigen reformas profundas, incluyendo la participación efectiva en la toma de decisiones, auditorías independientes y mecanismos de reclamación accesibles. Además, se rechaza la mercantilización de sus tierras y recursos bajo falsas soluciones climáticas, reafirmando el derecho a la autodeterminación y la protección de los territorios», indicaron en el texto.