La reforma educacional y la profundización del Estado subsidiario

La Constitución Política de 1980 encuentra en el denominado principio de subsidiariedad el criterio rector de regulación de la actuación de los privados y del Estado al interior de la sociedad, de manera que, de acuerdo a su postulado, se sostiene que corresponde al Estado desarrollar exclusivamente aquellas actividades socialmente relevantes que los particulares no quieran o puedan realizar, consagrando así un Estado subsidiario mínimo en nuestro país.

Este principio de subsidiariedad creado por los miembros de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, todos designados por Pinochet, para ser aplicado únicamente en el ámbito de la economía nacional,toda vez que a través de su elaboración la Junta Militar intentaba revertir la presencia del Estado en la economía del país tal como había ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular, con el transcurso de los años comienza a ser aplicado indiscriminadamente en todos los ámbitos de la vida social, no quedando ajeno a su aplicación, el denominado derecho social a la educación.

En este sentido, aplicar la lógica del Estado subsidiario en lo referido al derecho social a la educación, implica que el Estado sólo puede ofrecer un sistema público de educación a quienes por distintas razones no pueden pagar el costo que significa el ingresar a un establecimiento educacional propiamente particular, o bien, a uno particular subvencionado, reduciéndose de esta manera considerablemente el campo de acción del Estado en quizás la actividad de interés general por excelencia de toda sociedad políticamente organizada.

Esta situación de precariedad de la educación pública que genera la aplicación del principio de subsidiariedad en dicha materia, lejos de reducirse se verá aún mas acrecentada con la implementación de la reforma educacional de la presidenta Bachelet, la cual partiendo por regular “las reglas del mercado” a través de las cuales se presta educación por parte de los establecimientos privados y particulares subvencionados, busca mejorar el estado de la educación pública, cuestión que está muy lejos de ocurrir, tal cual conocemos hoy la propuesta del gobierno.

Esto se debe a que sin fortalecer previamente la educación pública de nuestro país, la eliminación del copago, que en si es una buena medida, va a terminar en el estado actual de cosas precarizando aún más la situación de la educación pública. De esta manera al poner término al financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, consagrando su gratuidad en el acceso, e igualándolos en este sentido con los establecimientos educacionales municipales, lo que va a ocurrir en los hechos, por un lado, es que dicha gratuidad no va a generar que quienes se encuentran en la actualidad en un establecimiento particular subvencionado se cambien a la educación municipal, por cuanto, ellos pudiendo haber ingresado antes al sistema público gratuito prefirieron pagar una cantidad determinada de dinero para ingresar a un establecimiento subvencionado.

Por el contrario, quizás estén dispuestos a sacrificarse aún más y pagar una mayor cantidad de dinero para matricularse en un colegio propiamente particular, situación que es del todo probable cuando los apoderados entienden que tienen “un derecho a pagar” por una educación de calidad para sus hijos, y por otro, quienes se encuentran en la actualidad en un establecimiento municipal probablemente querrán cambiarse a un establecimiento particular subvencionado gratuito, lo cual parece del todo razonable que ocurra por las paupérrimas condiciones actuales del sistema público, y por la incorporación de la idea en el sentido común de las personas de que el sistema privado de educación asegura un mayor nivel de calidad, de manera que se corre un evidente riesgo de limitar aún más la acción subsidiaria del Estado en la educación pública de nuestro país.

Es por esta razón, que para evitar que aquello ocurra, el gobierno debe comenzar necesariamente por fortalecer la educación pública a través de una reforma de carácter integral, de manera que una vez mejorado considerablemente su nivel, y reposicionado el valor e importancia de la educación pública en la sociedad, sea ésta quien por sus propios méritos se imponga a la educación particular, siendo los propios padres quienes a la larga elijan educar a sus hijos en el sistema público, superando de esta manera la segregación y mercantilización de la educación entendida como un bien de consumo en nuestro país, que el gobierno intenta lograr mediante la regulación de los excesos del mercado del sistema de educación privada.

Sin embargo, no basta para superar la lógica del Estado subsidiario el fortalecimiento del sistema público de educación, pues, de seguir aplicándose dicho carácter subsidiario del Estado, el sistema educativo público, que en teoría tendría que ahora ser de calidad, seguirá aplicándose únicamente a quienes no quieran ingresar a un establecimiento particular, impidiendo de esta manera concretizar en los hechos el carácter universal que debe tener la educación en tanto derecho social.

Es por esta razón que, inevitablemente, el fortalecimiento de la educación pública se vincula con la elaboración de una nueva Constitución, en la cual se supere la lógica del principio de subsidiariedad tal cual se ha entendido y aplicado desde la dictadura militar hasta el día de hoy, siendo reemplazada por un nuevo criterio rector de colaboración pública privada en el desarrollo de actividades de interés general de la sociedad, que no implique la exclusión a priori del Estado como ocurre en la actualidad, sino que propenda a una complementariedad de ambas esferas, sólo de esta manera la actividad del Estado en materia educacional no quedará limitada a quienes no se eduquen en un establecimiento particular, sino que cubrirá tanto a quienes eligieron educarse en el sistema público como a aquellos que lo prefirieron hacer en el privado, consagrando de esta manera la educación como un derecho social que debe ser asegurado a priori por el Estado a todos los habitantes del país, independientemente de cuál sea la elección que éstos adopten posteriormente; cualquier intento en otro sentido, tal como ocurre con la reforma educacional del actual gobierno, lejos de establecer un nuevo sistema educativo público universal y de excelencia, logrará simplemente profundizar el deplorable estado actual de la educación pública y la lógica del principio de subsidiariedad en que se sustenta.