Cesan a general en Nuevo Laredo tras protestas por ejecuciones y desapariciones forzadas

La destitución del general Miguel Ángel Ramírez Canchola, comandante de la guarnición militar en Nuevo Laredo, llega tras intensas protestas de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La medida, sin embargo, es insuficiente para organizaciones de derechos humanos, que exigen justicia y el enjuiciamiento de los altos mandos involucrados en estos crímenes.

El acto de toma de posesión del nuevo comandante, general Rolando Solano Rivera, se llevó a cabo en el Cuartel Militar sin mencionar el nombre de Ramírez Canchola. La ceremonia fue presidida por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la Octava Zona Militar, y contó con la presencia de autoridades municipales y consulares.

En simultáneo, familias de víctimas y activistas de derechos humanos se manifestaron por segundo día consecutivo en las puertas del cuartel, exigiendo justicia. Con pancartas y fotografías de sus seres queridos, reiteraron la necesidad de una investigación exhaustiva y el castigo de todos los responsables.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que la remoción del general es apenas un primer paso. “La Secretaría de la Defensa Nacional debe garantizar justicia y llevar ante los tribunales a los altos mandos involucrados”, declaró.

Su organización ha documentado al menos 36 casos de graves violaciones a los derechos humanos en los últimos tres años, incluyendo ejecuciones, desapariciones y abusos por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Uno de los crímenes más atroces bajo el mando de Ramírez Canchola ocurrió el 26 de febrero de 2023, cuando cinco jóvenes fueron asesinados por elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Aunque los soldados responsables fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión, el mando superior sigue impune.

Otros casos incluyen la ejecución de Lidia Iris Fuentes Galván, una niña asesinada en un operativo militar en octubre de 2024, y la muerte del menor Armando Hernández Gallardo, quien trabajaba en un servicar para pagar sus estudios. También se registró el asesinato de Yuricie Rivera, enfermera del IMSS, en el mismo mes.

Estos crímenes no son hechos aislados. En mayo de 2023, cinco civiles armados fueron ejecutados tras un choque con una barda perimetral. En abril de 2023, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta familiar, asesinando a una mujer embarazada de ocho meses y a un hombre mayor.

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“No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Es urgente reformar el uso de la fuerza militar y depurar las filas del Ejército”, enfatizó Ramos Vázquez. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen enfrentando intimidaciones y amenazas, mientras la Fiscalía General de la República sigue sin avances significativos en las investigaciones.

Fotografía: Redes

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