FGR reactiva programa de recompensas tras estar suspendido por más de dos años

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado su programa de recompensas, ahora bajo nuevas reglas que buscan mayor transparencia y eficiencia en la lucha contra la delincuencia organizada.

Después de más de dos años de inactividad, la estrategia regresa con la creación de un Comité de Recompensas que definirá los criterios para ofrecer estímulos económicos a quienes aporten información clave sobre delitos federales.

En 2022, el fideicomiso destinado a este fin fue disuelto, trasladando sus recursos de casi 313 millones de pesos al Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia. Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca una nueva etapa en el uso de recompensas como herramienta de investigación criminal.

El fiscal Alejandro Gertz Manero ordenó la creación del Comité de Recompensas, instancia que determinará el monto de cada recompensa, tomando en cuenta la complejidad del caso, nivel de información disponible, gravedad de los hechos, y riesgos para las y los informantes.

Según el documento oficial, “el monto máximo que se pagará en el caso concreto” dependerá de múltiples factores, incluyendo el posible impacto de la información para resolver la investigación.

Las recompensas se harán públicas a través del DOF y medios de comunicación que garanticen una amplia visibilidad, fortaleciendo así el acceso ciudadano a estos mecanismos de participación en la procuración de justicia.

En gobiernos anteriores, este programa fue criticado por su opacidad; por ejemplo, la extinta PGR llegó a ofrecer hasta 60 millones de pesos por información sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin que existieran reglas claras sobre la evaluación de dichos pagos.

La nueva normativa prohíbe expresamente pagar recompensas a servidores públicos vinculados a tareas de seguridad pública y a sus familiares, para evitar conflictos de interés y actos de corrupción dentro de las instituciones.

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“El ofrecimiento de recompensas excluye a toda persona servidora pública que haya ejercido funciones relacionadas con la seguridad pública, así como a cónyuges, concubinas, concubinos o persona conviviente y parientes hasta el cuarto grado”, establece el estatuto.

La entrada en vigor de esta reforma está programada para este miércoles, abriendo la puerta a una nueva etapa en el combate al crimen desde la ciudadanía.

Fotografía: Redes

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