Terror de Estado: carabineros da muerte a dos barristas de Colo-Colo

Mate al Rey 178. Entrevistamos al abogado de DDHH e investigador político Julio Cortés, a quien invitamos con la impostergable necesidad de abordar el escenario político que abre el asesinato de dos barristas de Colo-Colo, Mylan de 12 años y Martina Pérez de 18 años. A pesar de toda la protección prestada por los medios oficiales a los policías del COP responsables de este crimen, ya ha empezado a trascender la verdad de los hechos: fue un alevoso homicidio perpetrado por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo y utilizando un blindado policial.

En efecto, según relató un guardia del Estadio Nacional, todo ocurrió en un horario de alta afluencia de público, cuando comenzó una avalancha en la intersección de las calles Benito Rebolledo y Marathon. Ante la presión del tumulto, asegura que siguieron el protocolo de seguridad: abrir las puertas para evitar mayores riesgos. Sin embargo, afirma que la tragedia se desencadenó por la intervención de un carro lanza gases. El guardia indicó que “El zorrillo no venía a muchos metros, venía encima de ellos, acorralándolos”, sostuvo asegurando haber sido testigo directo del atropello. “Vi cómo los niños cayeron. El zorrillo no frenó y pasó por encima de ellos. Fue en menos de un segundo”, declaró.

Desmintiendo categóricamente que las víctimas hayan sido aplastadas por una reja, enfatizó: “A los niños jamás les cayó la reja encima, les cayó un zorrillo encima. La reja estaba bien amarrada y fue el propio zorrillo el que la botó”. El testigo también reveló que intentó socorrer a los afectados y pidió ayuda a Carabineros, pero solo se limitaron a cerrar el perímetro. “Encuentro inexplicable la fuerza que se utilizó”, lamentó, recalcando que los fallecidos no eran parte del grupo que provocó la avalancha y que muchas de las personas que intentaban ingresar contaban con su entrada.

Los hechos descritos han sido silenciados tanto por las autoridades, dirigentes partidarios y candidatos presidenciales, quienes se encuentran comprometidos en garantizar la impunidad para los criminales, cuando estos crímenes los cometen agentes del Estado y sus víctimas son del pueblo. En efecto, los candidatos prefieren discutir sobre si hay democracia en Cuba o Venezuela, escondiendo la cabeza frente a este alevoso crimen de Estado.

Con responsabilidad podemos sostener que, si los muertos hubiesen sido los agentes policiales, el Gobierno hubiese salido a declarar Estado de Excepción Constitucional y hubiese ocupado militarmente la Región Metropolitana. Si los muertos hubiesen sido policías veríamos una cohorte de autoridades, candidatos y al propio Presidente Boric con los ojos llorosos de indignación declarando la «guerra a la delincuencia». Pero como los muertos son del pueblo y simples barristas del fútbol, como quienes les asesinaron son agentes policiales, guardan silencio y levantan la sombra de que los responsables serían la propia hinchada que enfrentaba a las fuerzas policiales.

La muerte de Mylan y Martina Pérez, jóvenes cuyo delito es ser hijos de la clase trabajadora, pone al desnudo el carácter de clase no solo de las fuerzas policiales, sino que la del conjunto de la institucionalidad patronal del Estado. Este crimen, un flagrante crimen de Estado, pone a las claras que cuando desde el régimen se habla de «seguridad» no se están refiriendo a la protección al pueblo o a la población civil. Cuando en la boca de las instituciones se habla de «seguridad» se habla de represión en contra del pueblo y de impunidad para los represores. Cuando ellos hablan de seguridad lo que hacen es levantar la agenda política de establecer en Chile un Estado policial, autocrático y dictatorial ratificado electoralmente.

Son las instituciones del Estado de Chile, un Estado burgués al servicio de la minoría explotadora, las que día a día le declaran la guerra al pueblo trabajador atacando sus conquistas sociales y libertades democráticas. Es esta institucionalidad la que encubre la inclemente dictadura que el capital descarga sobre las espaldas de la mayoría explotada. Por lo mismo, es tarea de las organizaciones de base, organizaciones obreras y de la militancia de izquierda levantar las banderas de la defensa de las libertades democráticas y reivindicaciones sociales para potenciar la lucha en contra del régimen opresor.

Este es el tenor de la discusión por el que discurrió la entrevista a Julio Cortés, una entrevista que nos detuvimos especialmente en la agenda represiva del progresismo: la Ley Naín-Retamal, Anti Tomas y Antiterrorista, todas normas que no hacen sino vertebrar el inclemente ataque al pueblo trabajador que se dirige desde las altas esferas del poder.

Por Gustavo Burgos Velásquez

El Porteño, 12 de abril de 2025.

Fuente fotografía

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