“Ofensa a las víctimas”: Familiares de ejecutados acusan revictimización por defensa de Boric a Cheyre

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) califica como «denegación de justicia», «una ofensa a las víctimas y una revictimización» la posición del Gobierno del presidente Gabriel Boric ante el hecho de que el general y ex comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre pueda cumplir su condena en libertad, pese a haber sido declarado cómplice de la ejecución de 15 prisioneros durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Cabre recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia por parte de familiares de 15 prisioneros políticos asesinados, que indica que el «Estado de Chile no cumplió con su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional» a Cheyre en el caso Caravana de la Muerte.

Los hechos denunciados ocurrieron el 16 de octubre de 1973, cuando los prisioneros políticos Óscar Aedo Herrera, Carlos Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González, Marcos Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Óscar Armando Cortés Cortés, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Manuel Jachadur Marcarián Jamett, Jorge Osorio Zamora, Jorge Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Vergara Muñoz, fueron asesinados.

Según la investigación judicial, Cheyre estuvo presente en la reunión donde se seleccionaron los detenidos que serían fusilados y luego coordinó la emisión de los bandos militares para llevar a cabo las ejecuciones.

Aunque fue condenado como cómplice, a finales de 2023, el tribunal consideró atenuantes la ausencia de antecedentes penales, lo que permitió rebajar la condena del exjefe del Ejército, a cinco años y evitar su ingreso en prisión.

El Gobierno del presidente Boric comunicó por escrito a la CIDH que el Estado chileno no reconoce competencia a esa instancia internacional para pronunciarse sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de la dictadura de Pinochet, argumentando que el Chile suscribió recién en 1990 la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que estableció obligaciones en materia de crímenes de lesa humanidad cuyo cumplimiento debe ser cautelado por la Comisión, consignó CIPER.

«Al no haber asumido Chile las obligaciones de la CADH en el momento en que se produjeron los eventos ocurridos no pueden derivarse responsabilidad internacional del Estado chileno bajo dicha Convención», justificaron desde La Moneda. escrito fue enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en respuesta a una denuncia presentada por los abogados Cristián Cruz y Karinna Fernández. Ambos juristas representan a familiares de 15 prisioneros políticos asesinados el 16 de octubre de 1973 en el Regimiento Arica, de La Serena, durante el paso de la Caravana de la Muerte, la comitiva militar comandada por el general Sergio Arellano Stark.

Defensa de Boric a Cheyre es una «ofensa a las víctimas»

A través de un comunicado, los integrantes de la AFEP, plantearon que el hecho de que el gobierno del presidente Boric solicitara que se rechace una denuncia contra el estado de Chile ante la CIDH por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye «una denegación de justicia, a 52 años del Golpe Civil Militar».

Recordaron que a pesar de contar con una sentencia firme en su contra dictada en 2023 que lo condenó a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de cómplice de los homicidios reiterados y calificados de 15 presos políticos, al excomandante en Jefe del Ejército se le otorgó el beneficio carcelario de la libertad vigilada, de manera que no cumple de manera efectiva la pena privativa de libertad.

Por tal motivo, la denuncia presentada por los abogados Cristián Cruz y Karinna Fernández sostiene que Cheyre en el año 2023, no fue condenado a una pena proporcional a la gravedad de los hechos, «15 homicidios calificados y reiterados», y que esa pena «configura un agravio a la garantía de no repetición».

«Manifestamos nuestro total y profundo rechazo a la respuesta del Gobierno consideramos que es una ofensa a las víctimas y una revictimización, porque elude la cuestión de fondo y el control de convencionalidad, respecto de una sanción penal ignominiosa por la falta de proporcionalidad, por hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, además esta respuesta es constitutiva de una violación flagrante de la garantía de no repetición, y de una pobre valoración de la defensa y promoción de los Derechos Humanos», afirmaron en el comunicado

Por tal motivo extendieron un llamado a La Moneda, a legislar «para terminar con la Media Prescripción que se aplica en Crímenes de Lesa Humanidad hasta hoy».

Asimismo, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió un fallo ordenando al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet.

«El Estado Chileno fue condenado por la CIDH, en marzo de 2024 contra la aplicación de la Media Prescripción en causas de violaciones de DDHH de la dictadura civil militar, por lo cual es urgente legislar lo antes posible, tanto la Media Prescripción y el Decreto Ley 2.191 de 1978 de la Dictadura, amnistía que aún está vigente», señalaron.

«Verdad, Justicia y Memoria», cerraron el comunicado.