Organizaciones de derechos humanos denunciaron la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación en Ciudad Juárez avalara que continúe en libertad pese a su responsabilidad en el caso donde 40 migrantes murieron calcinados en una estación migratoria en 2023.
El fallo fue ratificado por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien permitió una salida alterna al proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Esta decisión ha sido fuertemente rechazada por víctimas, representantes legales y organizaciones defensoras de migrantes.
ONGs denuncian impunidad y justicia selectiva
Colectivos como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia calificaron la resolución como un “mensaje de impunidad y justicia selectiva”. Señalaron que la actuación del sistema judicial ha sido omisa e indolente ante las demandas de verdad y reparación por parte de las familias afectadas.
Durante todo el proceso legal ha prevalecido un trato indigno hacia las víctimas, afirman las organizaciones, documentando irregularidades como notificaciones nocturnas injustificadas, cambios sorpresivos en audiencias y decisiones unilaterales por parte del comisionado Garduño, incluyendo la fecha de una disculpa pública.
Uno de los requisitos de la suspensión condicional fue que Garduño ofreciera una disculpa pública, pero las organizaciones advierten que esta debe realizarse en acuerdo con las familias de las víctimas y sobrevivientes, así como sus asesorías jurídicas —tanto públicas como privadas—. De no cumplirse en estos términos, dicha disculpa no podrá considerarse válida ni como cumplimiento de la medida impuesta.
“La fecha fue decidida unilateralmente por el comisionado, usando recursos del INM y sin consultar a las víctimas”, denunciaron las ONG, señalando que esto es solo una muestra más del uso faccioso del poder para proteger a altos funcionarios.
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Exigen justicia real y reparación digna
Las organizaciones llaman a no normalizar la impunidad institucional y exigen que se garantice un proceso justo, digno y con participación efectiva de las víctimas. La memoria de las 40 personas migrantes fallecidas exige justicia, no simulaciones.
Fotografía: Redes
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