Otra derrota para el montaje: Corte de Temuco ratifica absolución de 17 presos políticos mapuche

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó este martes los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y Gendarmería de Chile, confirmando la sentencia dictada el pasado 7 de febrero por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, que absolvió a 17 comuneros mapuche acusados por el delito de secuestro calificado en perjuicio de personal de Gendarmería.

El fallo, que representa un nuevo revés para los intentos de criminalización judicial contra las comunidades mapuche, ratifica la inocencia de los comuneros, desestimando una acusación sin sustento que intentó transformar un conflicto carcelario en un caso penal de alto impacto político y mediático.

Una acusación desproporcionada

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de internos mapuche del módulo comunero en la cárcel de Angol fue acusado de haber retenido contra su voluntad a gendarmes que intentaban realizar un procedimiento de registro de visitas. La acusación sostenía que esta supuesta “retención” constituía un delito de secuestro calificado, una figura penal grave, que conlleva penas elevadas.

Desde el primer momento, familiares y organizaciones denunciaron que se trataba de un nuevo intento de montaje judicial, instrumentalizado para profundizar la criminalización del pueblo mapuche en Wallmapu, en un contexto de permanente militarización y estigmatización mediática.

El fallo que desarma el relato

En su fallo (rol 234-2025), la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco descartó que el tribunal de primera instancia hubiera incurrido en errores de derecho o haya valorado indebidamente la prueba.

“Examinada la sentencia recurrida, esta Corte puede apreciar que (…) el Ministerio Público no pudo determinar los hechos por los cuales se acusó a los imputados”, señala la resolución.

Además, el tribunal de alzada enfatizó que no se acreditó ni dolo ni convergencia de voluntades, elementos esenciales para configurar un secuestro. Por el contrario, se constató que los comuneros no tenían posibilidad de abandonar el módulo, por lo que el hecho nunca debió haber sido judicializado.

Presos políticos y justicia tardía

Las 17 personas mapuche absueltas son: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Simón Alejandro Huenchullán Millanao, Pedro Sebastián Palacios Cañuta, Juan Patricio Queipul Millanao, Jorge Froilán Palacios Cañuta, Ismael Elías Fritz Ñancul, Anthoni Luciano Torres Toro, Alejandro Andrés Liguén Venegas, Boris Mariano Llanca Nahuelpi, Joaquín Wenulef Huenchullán Queipul, Fabián Alejandro Llanca Nahuelpi, Hanthu Lemunthu Llanca Quidel, Miguel Ángel Torres Toro, Freddy Jonathan Marileo Marileo, Sergio Isaías Huentecol Melinao, Joaquín Ismael Millanao Queipul y Máximo Iván Queipul Huenchullán.

De ellos, Sergio Huentecol fue el único condenado, pero solo por el delito de maltrato de obra a gendarme, con una pena de 61 días de presidio menor.

El resto fue absuelto de todos los cargos, lo que reafirma que el núcleo de la acusación —el supuesto secuestro— fue un intento fallido de fabricar culpables.

El trasfondo político y mediático

Como ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de los primos Tralcal o la Operación Huracán, esta causa contó con difusión masiva previa al juicio, impulsada por parlamentarios de derecha y por vocerías institucionales.

Se intentó instalar la imagen de un grupo violento y radical, sin que existiera prueba alguna que sostuviera esa narrativa. El juicio, sin embargo, volvió a poner en evidencia cómo el sistema judicial es usado como una herramienta de castigo preventivo contra los pueblos originarios, mediante el uso de prisión preventiva prolongada, procesos largos, y acusaciones sobredimensionadas.

Una reflexión desde la defensa

Consultado al respecto, el abogado Javier Pineda Olcay, defensor de varios de los comuneros absueltos, reflexionó sobre el impacto de este fallo:

“Esta sentencia es importante, pues el pueblo mapuche enfrenta un proceso de criminalización permanente, y este fallo es un oasis en el desierto. En este caso, personal de Gendarmería —con apoyo mediático de parlamentarios de derecha en la zona— intentó hacer pasar un conflicto cotidiano de cárcel como un intento de secuestro, lo cual era completamente absurdo. Afortunadamente, el tribunal aplicó la ley y decretó la absolución. Sin embargo, persiste un desafío mayor: que los tribunales siempre actúen conforme a derecho y no sigan condenando a comuneros solo por el hecho de ser mapuche”.