Demanda para callarlos: abogados ambientalistas enfrentan juicio por proteger un río contaminado

En los últimos años, en Chile se ha registrado un incremento de casos en los que los ambientalistas enfrentan procesos judiciales como una estrategia para amedrentarlos y silenciar sus críticas a los proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.

A través de tribunales, se busca intimidar a los activistas y deslegitimar su lucha por la protección del medio ambiente.

De hecho, cada vez es más común el uso de demandas judiciales estratégicas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, en inglés).

Estas «demandas mordaza», son un arma jurídica que permite a empresas y corporaciones intentar silenciar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales.

Quienes interponen estas demandas estratégicas contra la participación pública, buscan acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses.

Demanda para callar a abogados por defender río contaminado

Cada vez se incrementa el número de defensores y defensoras ambientales, que han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Recientemente se conoció el caso de dos abogados ambientalistas que enfrentan una denuncia por proteger un río contaminado.

Se trata de los profesionales de la ONG Fima, Antonia Berríos y Antonio Madrid, quienes entre otros casos han representado legalmente a comunidades mapuche en la comuna de Villarrica, en la Región de la Araucanía.

La ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La acuícola continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Madrid y Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses.

Sin embargo, posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los juristas argumentando que la solicitud de la orden de paralización fue obtenida de forma dolosa y les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de más $400 millones de pesos.

En estos momentos, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, así como a la evidencia de que la empresa incumplió sistemáticamente la normativa ambiental y al hecho que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explicó Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Asimismo, se refirió a la utilización de este tipo de demandas, para intentar amedrentarlos y callarlos.-

“Por supuesto que para nosotros implica un desgaste al cual no quisiéramos estar sometidos, pero por sobre todo, nos hace pensar ‘si esto nos sucede a nosotros, abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?’”. planteó.

Amenazas contra activistas ambientales

Otro caso es el denunciado por Rodrigo de la O, quién en su rol de defensor medioambiental, enfrentó la problemática de “Costa Calán” en la Región del Maule.

Por haber solicitado la aplicación instrumentos de planificación y gestión territorial, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental, el integrante de la organización Vigilante Costero Maule Itata, fue demandado en 2020 por la inmobiliaria Costa Calán.

La empresa le exige al defensor ambiental más de $200 millones de pesos, alegando daño económico y de imagen. Aunque la acción fue desestimada por falta de fundamentos, el daño provocado es profundo.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, de la O se refirió al tipo de amedrentamiento que sufren los defensores ambientales y señaló que “en mi caso me trataron de anular”.

“Fuera de los tribunales ha ido in crescendo, noto que es más violento. En mi caso era básicamente llamadas telefónicas y presión judicial que me quitó tiempo y desenfocó de mis actividades. Hoy en día se ha ido agravando el tema”, relató.

“Me ha tocado amenazas telefónicas, nada físico. También a mi familia, se habían acercado en otros autos. Después la demanda de la inmobiliaria pretendió anularnos (…) Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, expuso.

Asimismo, reflexionó sobre el impacto que estas demandas tienen sobre los defensores medioambientalistas.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades, pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, afirmó.

De la O lamentó que “muchos han quedado en el aire” y apuntó a que es “necesario que hubiese un respaldo judicial más efectivo”.

“Creo que a pesar de todo lo que se ha avanzado, aún estamos muy desprotegidos en términos de justicia y verdad respecto de lo que pasa”, enfatizó el defensor ambiental.

Más allá de estos casos, es necesario cuestionarse por qué este tipo de acciones judiciales pueden prosperar, a pesar de la constancia de los incumplimientos ambientales y del impacto en las comunidades. Aunque Chile ha firmado el Tratado de Escazú —instrumento internacional que promueve el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores del medio ambiente—, aún falta avanzar en su implementación efectiva. La ausencia de mecanismos legales específicos que prevengan y sancionen las demandas SLAPP permite que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de hostigamiento.

Incluir este tipo de persecución judicial dentro del debate de la agenda pública y legislativa es clave para asegurar que la participación ciudadana ambiental no sea castigada, sino protegida como un pilar fundamental de la democracia.