El nuevo Plan Nacional de Desarrollo pone en el centro a los pueblos indígenas y afromexicanos

Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce plenamente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este avance representa un paso significativo hacia la justicia social y la reparación de una deuda histórica.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) celebró esta inclusión como un logro producto de la participación activa de las comunidades originarias, que impulsaron la creación de un eje transversal en el PND dedicado a sus derechos. Dicho eje promueve una transformación estructural del Estado, que deberá incorporar el enfoque de derechos colectivos en todas sus políticas, programas y acciones.

El INPI destacó que el nuevo PND es fruto de un proceso democrático y participativo, en el que se escucharon las voces de los 68 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. Este ejercicio incluyó 57 foros de consulta realizados en las 32 entidades federativas.

En este contexto, el documento oficial reconoce la libre determinación, autonomía, interculturalidad y justicia social como principios fundamentales para la construcción de un país más equitativo y plural.

La publicación del PND en el Diario Oficial de la Federación marca un parteaguas en la historia del país, al establecer que el respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos no solo es un compromiso moral, sino una obligación legal.

“La reforma constitucional en la materia marca un hito”, señaló el INPI, al destacar que las comunidades tendrán ahora plena autonomía para ejercer su libre determinación como sujetos de derecho público.

Los Planes de Justicia y Desarrollo Regional serán herramientas clave para garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Estas iniciativas están diseñadas desde y para los propios pueblos, priorizando su cosmovisión, necesidades y formas de organización.

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Además, el fortalecimiento del patrimonio cultural, lingüístico y territorial de estas comunidades será una prioridad del actual gobierno, reafirmando el compromiso de transformar la relación del Estado con los pueblos originarios desde una perspectiva de igualdad, dignidad y respeto.

Fotografía: Redes

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