José Miguel Benavente, vicepresidente Ejecutivo de Corfo, reconoció que el acuerdo entre Codelco SQM consolida el monopolio del potasio en Chile. La aseveración la hizo ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que revisa el acuerdo entre Codelco y la empresa de Julio Ponce Lerou, tras ser interpelado por las diputadas Yovana Ahumada y Catalina Del Real.
Según el máximo ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), SQM “es una empresa creada por la Corfo y esa empresa estaba diseñada principalmente para la producción de potasio. Y nunca perdió su poder monopólico en la producción de potasio, desde su creación de la Corfo hasta hoy. Por lo tanto, no es que vaya a adquirir poder monopólico. siempre lo ha tenido”.
En octubre del año pasado, gremios de agricultores, como Fedefruta y el Consorcio Agrícola del Sur presentaron un requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigara sobre el virtual monopolio del potasio en Chile. Un estudio encargado por la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach) detectó que los productores chilenos pagan un precio mayor al precio de exportación del potasio. Si durante el año 2023, SQM exportó la tonelada de potasio a 353 dólares FOB; los agricultores chilenos pagaron 610 US FOB por la misma tonelada de potasio.
Una diferencia de 257 dólares.
La Comisión Investigadora tiene en tela de juicio el acuerdo entre SQM y Codelco, que prolonga la participación de la empresa de Julio Ponce Lerou en la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060. El contrato vigente entre Corfo y SQM fue firmado en 2018 y vence en 2030, fecha en que la empresa de Ponce Lerou debe devolver las pertenencias mineras del acuífero y la infraestructura industrial instalada al fisco. Dicho contrato estableció como pago de arriendo por dichas pertenencias un 30% de las ventas, monto que sube al 40% en caso de aumentar el valor de la tonelada de litio.
Corfo fue alineada desde el Ejecutivo para facilitar el nuevo contrato con intervención directa del presidente Boric. La aprobación fue acordada en el consejo de Corfo realizado el 5 de octubre de 2023, presidido por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y al que también asistió el titular de Hacienda, Mario Marcel, además del propio José Miguel Benavente. El acta de la reunión fue requerida por el periodista Víctor Cofre, sub-director de La Tercera y autor de una biografía de Julio Ponce Lerou. Al momento de acceder al documento constató que de las 43 páginas, 33 están tajadas.
MONOPOLIO DEL POTASIO
Usado como fertilizante agrícola junto al nitrógeno y el fósforo en la clásica combinación NPK, el potasio pasó de ser considerado en los años treinta del siglo XX un mineral clave en la producción agrícola, a uno estratégico en las décadas siguientes, dada su importancia para la producción de alimentos.
Según cifras del Geological Survey el año 2023, Chile fue el noveno productor de potasio en el mundo. Los principales países productores de potasio fueron Canadá, Rusia, China, Bielorrusia, Alemania, Israel, Jordania, Laos, Chile y Estados Unidos.
Luego de reconocer de facto el monopolio del potasio en Chile, en manos de SQM, Benavente destacó que la licitación de varios salares contemplada en la Estrategia Nacional del Litio definida por el actual gobierno, permitiría superar el actual control hegemónico. “Estamos haciendo la licitación de otros salares, que también tienen potasio. En la práctica no va a haber monopolio del potasio, porque en esos otros salares se podrá explotar litio y potasio. Va a haber mayor oferta… es importante hacer un seguimiento de eso”- sentenció.
Si bien Benavente hizo su precisión sobre el monopolio de SQM diciendo que se trataba de “un poco de historia”, lo cierto es que cuando fue creada la Sociedad Química de Chile, en junio de 1968, se determinó que su objetivo era la conformación de una gran industria de química pesada, concibiéndola como el motor de una política de industrialización de los fertilizantes.
Más de medio siglo después -luego de la venta de la empresa estatal para terminar en manos
de Julio Ponce Lerou, ex-yerno de Pinochet- la empresa sigue sustentando su negocio en la exportación de potasio y yodo. En las dos últimas décadas aprovechó la demanda mundial de litio, usado como materia prima en la confección de baterías eléctricas y solares. Es decir, una industria extractivista productora de materias primas sin valor agregado, muy distante a como fue concebida.
SQM controla más del 90% del mercado del potasio en Chile en la actualidad. Hasta el año 2021, la venta del fertilizante y sus derivados fueron el principal ingreso de SQM. En 2023, el potasio representó el 12% de sus ventas, equivalentes a US$ 900 millones.
En el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta el años 2060, el potasio aparece apenas mencionado en el punto 2.15, que obliga a Codelco a vender el 100 por ciento de los productos de potasio a SQM. El apartado establece que “la parte SQM podrá comprar el cien por ciento (100%) de los Productos de Potasio que produzca la Sociedad Conjunta”. Así se reafirma en la práctica el virtual monopolio del fertilizante que mantiene SQM, lo que reconoció Benavente, lo que acabaría por reforzar la posición hegemónica de la empresa de Ponce Lerou en el mercado chileno.
DEL VALLE AL BACHE PRODUCTIVO
El vicepresidente de Corfo también reforzó el argumento del valle productivo que se produciría en caso de llamarse a licitación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama. Si SQM calcula en 3 años dicho valle productivo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ante la misma comisión investigadora aseguró que eran 5 años, según Benavente podría llegar a 9 años.
Benavente es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en economía en la Universidad de Chile y doctor en economía en la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez, además de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2022 fue nombrado por el presidente Boric como Vicepresidente ejecutivo de Corfo.
Interpelado por los parlamentarios respecto de la ausencia de una licitación, Benavente respondió que si ésta se realiza el año 2027, el nuevo operador entraría el 1 de enero de 2031, el que deberá dedicarse a las tareas de explorar, generar capacidad productiva y comenzar a producir, “tareas que demoran 4 a 9 años en este proceso, según nuestros especialistas”.
Acusó así de que si no se renueva el contrato a SQM, se produciría un bache productivo que durante todos esos años dejaría 0 ganancias para el Estado, debido a que “en un mundo en el que en el fondo SQM salía, dejaba residuos, dejaba nada, porque no tenía ningún incentivo a la vista”.
Pese a que Corfo arrienda las pertenencias mineras a SQM, Benavente dio cuenta de que en la práctica se asume un control total de la empresa de Ponce Lerou en las faenas de extracción de litio. El ingeniero civil argumentó que “no puedo exigirle a SQM que si vence el 2030, dejar entrar a que vean el salar a partir de 2027 los nuevos competidores. Menos tienen incentivos a dejar a entrar a posibles competidores a observar sus tecnologías de extracción”.
Benavente aseguró que el bache productivo que se produciría de no firmarse el acuerdo con SQM, produciría una pérdida de 9.480 millones de dólares al país en impuestos y ventas que no se recibirían durante cuatro años, considerando una producción en conjunto de SQM y Codelco de 300 mil toneladas al año y a un precio de venta de 10 mil dólares la tonelada de litio.
Sin embargo, el proceso de llenado de las piscinas de evaporación y la consecuente decantación del material para extraer litio demoran 18 meses, según especialistas. La diferencia del cálculo llamó la atención del presidente de la comisión, el diputado Cristián Tapia, quien planteó que siguiendo esa lógica estamos obligados a tener por siempre a SQM explotando el Salar de Atacama. “Está diciendo acá que no puede entrar nadie más que SQM, que en 2060, van a decir lo mismo que no puede entregárselo a otra empresa”- reflexionó.
“Chile es un país minero, hay una política nacional del litio, pero ¿tenemos que esperar hasta 2060 para tener experiencia? Cuando uno dice que no tienen experiencia, si se van a quedar los mismos trabajadores que están allí. Si se gana más haciendo un proceso de licitación. ¿Por qué tienen miedo a hacer algo nuevo en beneficios del país?”- se preguntó el diputado Tapia.
A juicio del abogado Mauricio Daza, el argumento del valle productivo es falaz, ya según contempla el contrato en vigencia con SQM, el Gobierno podría haber solicitado un arbitraje. “Me llama la atención es que acá derechamente se dijo que el valle productivo era la gran razón por la cual se hizo un contrato con SQM y no se llamó a licitación. ¿Por qué no pidieron un arbitraje para definir si esto era legal o no? Yo creo que es manifiesta y claramente ilegal, porque vulnera el principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos”- sostuvo el jurista.
El acuerdo entre Codelco y SQM mantiene varios flancos abiertos, además de la comisión investigadora en el Parlamento. Otros temas que están ensombrecidos son la fractura del núcleo del Salar de Atacama, advertido por investigadores, las comunidades lickanantay próximas al salar y la misma minera Albemarle, que también explota el acuífero atacameño. Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas están exigiendo más participación en el proyecto.
UNA POLÍTICA DE INCENTIVOS PARA SQM
En el despliegue argumental de Benavente llama la atención que piensa las políticas públicas a partir de la producción de incentivos para los inversionistas privados. De hecho, mencionó en casi una decena de veces que las políticas de Corfo persiguen dar los incentivos para que SQM produzca mayores toneladas de litio.
Así sostuvo que el contrato con Codelco “fuerza a SQM para mejorar sus procesos para producir esas toneladas”. Luego dijo que la empresa de Ponce Lerou “tiene los incentivos para aumentar la producción”.
Es decir, la función de la Corfo de fomentar la producción nacional se limita a hacer un rayado de cancha con los suficientes incentivos para que SQM produzca litio. La política de producir incentivos va en desmedro de un estímulo directo del Estado para fortalecer una industria, dejando al ente público en un rol de mero creador de las condiciones para la explotación de los recursos por parte de privados.
Sin embargo, SQM no ha estado a la altura de los contratos firmados. Ha desplegado una política tributaria destinada a no pagar impuestos, ya sea negando su aplicación, alterando datos de control, ya sea por extracción de salmuera o por arriendos que debe pagar a Corfo. La elusión impositiva fue detectada incluso en el gobierno de Piñera, cuando subdeclaró $2.600 millones en impuestos. Luego, en el segundo gobierno de Bachelet, pillaron que pagó 8.9 millones de dólares menos por el arriendo de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama.
En 2022 SQM tenía una deuda ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por 745, 3 millones de dólares de deuda, sin considerar intereses y multas.
Pese a los datos sobre la mesa, la intervención de Benavente da cuenta de como el cálculo económico de la empresa privada ha colonizado las políticas públicas, reduciendo el ámbito de competencia del Estado. Esta colonización también se expresa en el envoltorio usado para recubrir las políticas en minería del actual gobierno, la asociación público-privada o también llamada complementariedad. Dicha noción ha sido el eufemismo con que Pacheco etiqueta la entrega de ricos yacimientos de cobre de Andina a Anglo American hasta el 2051 y la explotación del Salar de Atacama a SQM hasta el año 2060.
“La complementariedad público-privada será la política oficial en minería en lo que queda de gobierno”- aseguró Pacheco en entrevista a El Mercurio.
Se trata de una noción que sirve de cobertura para producir nuevas formas de privatización, ya sea a través de la sesión de recursos naturales por medio de contratos directos o la explotación en conjunto. Detrás de esta política minera está Libertad y Desarrollo, cuyo director ejecutivo en 2015, Cristián Larroulet, definió entre las grandes batallas a dar por el think tank de derecha ampliar la política de concesiones y la reducción del Estado, para lo cual promovió “alianzas público-privadas” y en Codelco la “complementariedad con privados”.
Así el Estado debe incentivar o desincentivar inversiones. No le cabe un rol productor, sino como simple dispensador de los recursos. La perspectiva afloró nuevamente cuando el diputado Tapia consultó sobre la rapidez con que se realizó el contrato. La respuesta de Benavente fue asegurar que “SQM no tenía asegurado haber ganado la licitación, por lo tanto, no tenía ningún incentivo a hacer este aumento de inversiones. Nos devuelven a nosotros las piscinas vacías. Si ellos no saben que van a ganar. Nosotros estamos alineados con el incentivo de ellos, por el 30 por ciento de la ventas”.
En palabras de Benavente, la política de incentivos acabó alineando los intereses de SQM con los intereses de Corfo. Tal como lo dijo:
“Nosotros estamos alineados con el incentivo de ellos”.
Por Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
