El juez Víctor Valladolid, titular de la Tercera Sala Penal de Lima, revocó el mandato de detención preventiva que recae sobre parte de los detenidos durante la operación policial “Perseo 2014”, donde fueron detenidos más de una veintena de militantes del movimiento que, según la hipótesis del Gobierno y las fuerzas de seguridad, es un instrumento de la organización armada Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú) -que encabezó la resistencia contra el Gobierno neoliberal de Alberto Fujimori-, para lograr mediante una campaña legal la libertad de sus presos para luego reiniciar acciones armadas.
Entre los favorecidos por la decisión judicial se encuentran los dirigentes Alfredo Crespo, subsecretario de la organización, Abimael Guzmán -dirigente de Sendero Luminoso, preso desde hace más de 20 años, condenado a cadena perpetua junto a su esposa, Elena Iparraguirre, y otros dirigentes de la organización- y Manuel Fajardo, secretario del MOVADEF. También fueron excarcelados Fernando Olórtegui Crispín, Carlos Gamero Quispe, Edwin Genovés Canchari, Walter Huamanchumo Morán, Candy Raymondi Soto y Olmer Lenon Apac Vega.
En Conferencia de prensa, el magistrado explicó la decisión tras considerar que el Ministerio Público no aportó los suficientes elementos de prueba para vincular a los denunciados con los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
En tanto, la jueza Olga Inga, miembro de la sala, explicó que la Fiscalía sólo presentó testimonios de colaboradores que vinculan a la cúpula del MOVADEF con Sendero Luminoso, pero no corroboró la veracidad de los mismos. Además mencionó que fueron mostrados recortes de periódicos sin ningún valor en las indagaciones y por último aseguró que no existe peligro de que los acusados puedan fugarse u obstaculizar las investigaciones.
Tras su salida del Penal de Piedras Gordas en la capital peruana, Crespo expresó ante la prensa su agradecimiento “a todas las personas y personalidades democráticas que se manifestaron en contra de nuestra detención que tuvo un contenido de persecución política”.
“Hemos sido encarcelados por tener ideas favorables a una amnistía para civiles y miembros del Ejército, por tener un plan de desarrollo que haga a nuestro país a avanzar en democracia”, subrayó el militante.
Asimismo, recordó que la organización es perseguida políticamente desde hace años. Al respecto aseguró, “seguiremos en el proceso, asistiremos a todas las diligencias judiciales y nos reafirmamos a ejercer el derecho en la participación de la vida política del país”.
Hace tres años, MOVADEF inició una fructuosa campaña para lograr su inscripción electoral pero tras juntar 360 mil firmas -cuya legislación sólo se exige la mitad- el Gobierno denegó su solicitud. Desde entonces exigen su derecho constitucional a la participación política.
Al momento de la detención, MOVADEF declaró que “se trata de una siniestra patraña montada contra nuestra organización para justificar las detenciones y persecución de nuestros dirigentes y activistas a nivel nacional”.
“Sueñan con desaparecernos porque somos quienes venimos denunciando los planes políticos y económicos que el actual Gobierno de derecha bajo mandatos del imperialismo impulsa en contra de los derechos fundamentales del pueblo”, afirmaron en el comunicado.
La reacción
El presidente peruano, quien encabeza una cruzada “contra el terrorismo”, manifestó su preocupación ante la resolución judicial dada la supuesta peligrosidad de los militantes populares.
“Espero que se reflexione sobre este fallo, hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en saco roto”, apuntó Humala.
Por su parte, el procurador antiterrorista, Julio Galindo, expresó también su indignación frente al fallo y remarcó que su despacho evalúa varias acciones para responder a esa sentencia.
“Han analizado el caso de forma superficial, perjudicando a la Nación peruana frente a este grupo terrorista”, sentenció y señaló que analizan una denuncia contra los magistrados, así como una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Cabe destacar que Humala llegó a la presidencia del Perú en 2011 gracias al apoyo de movimientos sociales populares y de izquierda, entre ellos MOVADEF. Sin embargo, paulatinamente volcó su política hacia los sectores derechistas que venía a remplazar, como los representados por los ex presidentes Alberto Fujimori y Alan García.
Fuente: NoticiasPia