El INE asume nuevas funciones tras desaparición del Inai

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha adoptado nuevas responsabilidades en materia de transparencia y protección de datos personales, funciones que anteriormente correspondían al ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Esta reasignación deriva de recientes reformas constitucionales, lo que motivó al Consejo General del INE a realizar modificaciones en su reglamento interno.

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Durante una sesión celebrada en el límite del plazo establecido por la reforma, el Consejo, presidido por Guadalupe Taddei Zavala, aprobó que ahora serán dos las instancias dentro del instituto responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos por parte de los partidos políticos nacionales.

Por un lado, el Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Víctor Hugo Carvante, se encargará de la vigilancia al interior del INE. Por otro lado, el propio Consejo General actuará como la autoridad garante respecto a los partidos políticos, asegurando que estos cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Taddei Zavala subrayó la creación de una figura institucional dentro del INE que no solo dará seguimiento a los requerimientos legales, sino que también será responsable de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad sobre sus datos personales en poder de los partidos.

Estas funciones serán desempeñadas por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en conformidad con lo estipulado en el reglamento correspondiente. Según lo argumentado durante la sesión, esta estructura permite al INE consolidar un modelo funcional y técnico para asumir esta nueva encomienda legal.

Además, Taddei explicó que el INE se incorporará formalmente al recién creado Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, con lo cual participará activamente en la evaluación y coordinación de políticas públicas en materia de transparencia. Este sistema sustituye al anterior y redistribuye competencias entre distintos órganos del Estado, como los órganos de control del Poder Judicial, las contralorías del Congreso y el propio INE.

Entre las nuevas funciones del instituto destacan: garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos de los partidos, resolver los recursos que presenten los ciudadanos ante decisiones de los institutos políticos, e integrarse a este nuevo esquema nacional de acceso a la información.

Sin embargo, esta reasignación de funciones no estuvo exenta de cuestionamientos. La diputada Marcela Guerra Castillo, del PRI, expresó inquietudes sobre la aparente falta de claridad en la distribución de responsabilidades. Consideró necesario precisar cuál será el vínculo institucional entre las unidades de transparencia de los partidos y el INE, además de establecer un calendario claro de capacitaciones para los institutos políticos en esta materia.

También señaló la ausencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en este rediseño, advirtiendo que podría contradecir el principio constitucional de descentralización al centralizar funciones en el INE.

El acuerdo aprobado representa un cambio significativo en la arquitectura institucional del país respecto a los derechos de transparencia y protección de datos personales, asignando al INE un rol clave para garantizar su ejercicio efectivo.

Foto: El Ciudadano

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