Gobierno de México intensifica la lucha contra el narcotráfico con confiscaciones millonarias

En una ofensiva jurídica que busca asfixiar financieramente al crimen organizado, el Gobierno de México ha iniciado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años, con el objetivo de recuperar bienes presuntamente ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

También puedes leer: Marina decomisa más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero y captura a cinco personas

Los procesos, realizados en Juzgados de Distrito especializados en extinción de dominio, tienen como epicentro la Ciudad de México, aunque los bienes en disputa se ubican principalmente en Baja California, entidad golpeada históricamente por la actividad de los cárteles.

De acuerdo con un análisis de ZETA Tijuana, los recursos que el Estado busca adjudicarse superan los 1.5 millones de dólares estadounidenses y 2.2 millones de pesos mexicanos. Entre los activos confiscados figuran propiedades, vehículos y dinero en efectivo, todos presuntamente derivados de operaciones ilícitas o utilizados para facilitar las mismas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rodolfo Juan Yépez Ortiz, alias «El Rodo» o «El Rudo», hermano de José Antonio Yépez, conocido como «El Marro», exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Durante su detención en un retén en Mexicali, Baja California, las autoridades incautaron 50 mil dólares y 41 mil pesos en efectivo, ya adjudicados oficialmente al Estado tras ganar el juicio de extinción.

Otro proceso relevante involucra a dos agentes del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, quienes supuestamente ocultaban cerca de 2 millones de pesos en su domicilio, en un caso que también está bajo investigación judicial.

Pese a los avances, no todos los juicios han concluido en favor del Estado. Algunos han sido declarados improcedentes por fallas en los procedimientos legales o errores en los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que evidencia las debilidades institucionales aún presentes en la materia.

La figura de extinción de dominio, que permite al Estado confiscar bienes sin indemnización a los propietarios si se demuestra su vínculo con el delito, se ha consolidado como un instrumento clave en la estrategia gubernamental para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

Sin embargo, la complejidad de estos procesos, que requieren pruebas sólidas y procedimientos impecables, plantea el reto de fortalecer la capacidad operativa y legal de las instituciones encargadas de su ejecución.

En Baja California, los esfuerzos continúan. El éxito o fracaso de estos juicios podría marcar la diferencia en la lucha por recuperar el control territorial y económico frente a los grupos criminales que han operado con impunidad durante décadas.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx
📰 elciudadano.com