Jueza de EE.UU. ordena facilitar regreso de venezolano deportado ilegalmente a El Salvador

En una decisión que desafía abiertamente la política migratoria del presidente Donald Trump, una jueza federal ordenó al gobierno estadounidense “facilitar” el regreso de un joven migrante venezolano deportado a El Salvador, en lo que se considera una violación directa a un acuerdo judicial previamente aprobado.

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La jueza de distrito Stephanie Gallagher falló a favor de “Cristian”, un venezolano de 20 años expulsado en marzo y recluido desde entonces en una prisión salvadoreña. Su caso forma parte de una demanda colectiva iniciada en 2019 en nombre de menores no acompañados que solicitaron asilo tras ingresar a Estados Unidos. En 2024, un acuerdo de conciliación impidió la deportación de estos jóvenes mientras sus solicitudes fueran procesadas.

“El gobierno violó ese acuerdo”, sostuvo el abogado del grupo demandante. La jueza coincidió al afirmar que la petición de asilo de Cristian debe resolverse antes de cualquier remoción.

Pese a que el Departamento de Seguridad Interior argumentó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso, la jueza desestimó ese punto, calificándolo como “sin fundamento”. La decisión se da en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial y la política migratoria impulsada por Trump, quien durante su mandato intensificó las deportaciones de migrantes considerados sospechosos de pertenecer a pandillas.

Cristian es uno de los más de 250 migrantes, en su mayoría venezolanos, expulsados en marzo bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma rara vez utilizada y originalmente concebida para tiempos de guerra. El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, aceptó encarcelar a los deportados a cambio de fondos estadounidenses, aunque el mismo Bukele ha manifestado su negativa a devolver al joven venezolano.

El caso recuerda al de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado bajo circunstancias similares, cuyo retorno también fue ordenado por jueces estadounidenses sin que, hasta ahora, el gobierno acatara la resolución.

La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre los tribunales federales y la política migratoria estadounidense, y pone en la mira los acuerdos bilaterales con países receptores de migrantes expulsados.

Foto: X

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