El Senado de la República recibió una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, una nueva institución pública que dependerá de la Secretaría de Economía. Esta propuesta busca devolverle al Estado un papel central en la regulación de la economía, especialmente en lo que respecta a la concentración de poder en manos de grandes corporaciones.
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Con esta iniciativa, se contempla la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), argumentando que, pese a su carácter autónomo, ha operado fuera del control del Estado y no ha sido efectiva para frenar los abusos del poder económico.
En el documento que sustenta la propuesta, se argumenta que esta nueva Comisión permitirá al Estado actuar con firmeza contra los monopolios, con lo que se espera proteger a los consumidores y fomentar una competencia justa. La presidenta sostiene que este nuevo organismo marcará un parteaguas al ser una autoridad genuinamente enfocada en frenar prácticas monopólicas, y que esto irá en línea con compromisos internacionales en la materia.
Aunque la nueva Comisión gozará de autonomía técnica y de gestión, su carácter dejará de ser autónomo en el sentido constitucional, y pasará a estar sectorizada bajo una dependencia del Ejecutivo, lo que ha generado ya expectativas encontradas sobre su funcionamiento e independencia.
El planteamiento central de la propuesta es que el modelo neoliberal debilitó al Estado al reducir su capacidad de intervención económica. Durante décadas —según se argumenta en el texto—, la privatización masiva y la concentración del poder económico en pocas manos relegaron al Estado a un rol pasivo, permitiendo que unos cuantos grupos empresariales dominen sectores clave como telecomunicaciones, minería y transporte.
Además, se señala que muchos de los órganos autónomos que surgieron en este contexto fueron diseñados para ser neutrales, pero en la práctica terminaron beneficiando intereses privados, obstaculizando la acción pública y alejándose del bienestar general.
Entre los detalles de la nueva Comisión, se especifica que su órgano de gobierno estará conformado por cinco comisionados, incluyendo a una persona que fungirá como presidenta, designada por el Ejecutivo y ratificada por el Senado. El diseño institucional buscará separar claramente las funciones de investigación de las de sanción, para evitar conflictos de interés.
En cuanto a las sanciones, la propuesta incluye multas millonarias por prácticas monopólicas, las cuales podrían alcanzar hasta 22 millones de pesos por presentar información falsa, y hasta un 20% de los ingresos del infractor en caso de prácticas monopólicas absolutas.
La lógica detrás de estas medidas es que una economía con competencia real obliga a las empresas a mejorar sus productos y precios, lo que redunda en beneficios directos para los consumidores. Desde la visión del gobierno, acabar con los monopolios es clave para fortalecer el mercado interno y proteger a las familias mexicanas del abuso de los grandes grupos económicos.
La Comisión Nacional Antimonopolio operará bajo el marco de la Ley Federal de Competencia Económica, así como de la Ley de Entidades Paraestatales en los aspectos que no estén cubiertos por la primera.
Foto: El Ciudadano
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