Esta semana se conoció que una red dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre en el país fue desmantelada, la cual tenía como cabecilla a Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero y exprecandidato a alcalde de Coquimbo por el Partido Republicano.
La organización criminal que operaba en diversas ciudades del país —incluyendo Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura, Lampa y Santiago— tenía conexiones internacionales con mercados en India y Bélgica y fue desarticulada como parte de la operación “Oro Rojo”.
Este operativo de gran envergadura liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público, permitió la detención de 18 personas —siete de ellas extranjeras—.
Además, se incautaron más de 50 mil kilos de cobre en diversos productos y formas, como cátodos, láminas, lingotes, cables eléctricos, entre otros. Así como $160 millones en diversas monedas, 10 vehículos y motocicletas.
Modus operandi de la red de robo de cobre
La “Operación Oro Rojo” forma parte de las iniciativas del Consejo contra el Crimen Organizado, que ha priorizado la lucha contra delitos de alto impacto, como el robo de cobre, que afecta tanto a servicios públicos como a sectores estratégicos de la economía nacional. Entre los delitos investigados se encuentran asociación ilícita, fraude tributario, delitos aduaneros, lavado de activos y receptación.
En el caso concreto del robo y comercialización ilícita del cobre, los antecedentes se remontan a junio del 2024, cuando un proceso de fiscalización desarrollado por la Aduana Regional de Valparaíso dejó al descubierto el intento de exportación ilegal del preciado metal, al hallar una serie de inconsistencias y omisiones en la documentación presentada por la empresa consignataria de una mercancía que se intentaba sacar del país vía marítima.
El análisis y revisión de todos los antecedentes declarados por el exportador llevaron a determinar que la mercancía a exportar debía ser incautada. Se trataba de 22.635 kilos de cobre, valorizados en 171.557 dólares (aproximadamente &160.000.000).
El cargamento constaba de 19 pallets con lingotes de grandes dimensiones dentro de un contenedor y el objetivo era enviarlo desde el puerto de Valparaíso a Bélgica, explicaron desde la Dirección Nacional de Aduanas.
Ante las irregularidades detectadas, el organismo presentó la denuncia por el delito de declaración maliciosamente falsa de origen de la exportación, que está contemplado en la Ordenanza de Aduanas y que considera penas de presidio que pueden llegar a los 10 años dado los montos involucrados y multas que van 2 a 5 veces el valor de la mercancía ilegal.
El director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, destacó que estas acciones se centraron en «avanzar en la erradicación del delito de robo de cobre» y señaló que para enfrentar este tipo de delitos «es necesario abordar todas las aristas que están involucradas, como en este caso que también se descubrió el intento de exportación ilegal del metal robado».
«Esta labor es transversal en todo el país y entre las Aduanas intercambiamos información para poder enfrentar con todas las herramientas legales este tipo de ilícitos que afectan la seguridad del país», enfatizó.
Esta arista aduanera se sumó a una investigación más amplia desarrollada por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de La Serena, que luego de casi dos años logró desmantelar esta semana a la red criminal internacional, vinculada al robo de cables y diversos insumos de cobre.
Esta organización criminal, liderada por Francisco San Martín Álvarez, se encargaba de procesar el material ilegal, desde el acopio, fundición, reciclaje, fabricación, traslado y embalaje para su exportación a India y Bélgica.
¿Cómo se desmanteló esta organización criminal?
De acuerdo con el prefecto inspector Ernesto León, jefe regional de la PDI en Coquimbo, la organización comenzó su actividad en La Serena, donde se detectaron los primeros focos de receptación de cobre. Desde allí, el material robado era transportado a Calama, luego a Coquimbo y finalmente a Santiago, donde se fundía para facilitar su exportación clandestina.
“La Operación Oro Rojo desarticuló esta organización criminal tras una compleja labor de análisis e inteligencia policial, dirigida por el Ministerio Público y la planificación en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal La Serena, la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana y la Fuerza de Tarea del Cobre de la PDI”, destacó.
“Fueron más de cuatro días de audiencia en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, para formalizar a 18 imputados y logramos 15 prisiones preventivas, solicitadas por el Ministerio Público y todas fueron otorgadas por el Tribunal. Eso demuestra la fortaleza del trabajo de la PDI con la Fiscalía SACFI, que acreditó delitos tributarios y aduaneros, receptación reiterada, lavado de activos y asociación ilícita”, explicó el fiscal de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, María José Rojas, subrayó la importancia del trabajo interregional y de la colaboración entre instituciones como la Fiscalía y Aduanas para lograr desarticular esta red criminal.
“Este no era un problema exclusivo de una región. Lo que se logró con esta operación demuestra la voluntad firme del Gobierno de enfrentar el crimen organizado con todas sus herramientas”, señaló.
En la misma línea, el delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Galo Luna, subrayó que las distintas instituciones del Consejo contra el Crimen Organizado decidieron “priorizar este delito como importante a trabajar, por el trastorno en la calidad de vida de miles de personas, sobre todo en la ruralidad.
“Somos una de las regiones del país donde más robo de cables existe”, enfatizó la autoridad.
Un republicano preso que «peló cables»
El cabecilla de la red dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero vinculado desde 2019 con el Partido Republicano, fundado por el candidato presidencial José Antonio Kast.
De acuerdo con información publicada por El Mostrador, San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido, al punto que habitualmente cedía su exclusiva casa en el sector de Cabinas de Peñuelas, en Coquimbo, para fuera empleada como de la colectividad en la región.
Según este medio, el empresario habría ofrecido otra casa, que tiene en el sector en el balneario de Las Tacas, para que Kast se alojara cuando iba a la región, aunque aclaró que «no existe registro de que el candidato presidencial se haya quedado efectivamente en ella».
Lo que si existe es una fotografía donde se ve al imputado almorzando con el candidato presidencial del Partido Republicano.
En la misma imagen se observa al aspirante a diputado, Andrés Guerra; al actual consejero regional, Francisco Corral, y a otros militantes. El empresario minero y cabecilla de la red criminal aparece vestido de camisa en la cabecera de mesa, junto a los otros comensales.
Francisco San Martín ganó notoriedad durante las elecciones municipales pasadas, al ser presentado como la carta del partido de extrema derecha para competir contra el actual alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri. Su candidatura fue respaldada en su momento por Andrés Guerra, exaspirante a gobernador y actual candidato a diputado por la misma colectividad.
Sin embargo, sus aspiraciones de competir por la Alcaldía de Coquimbo quedaron truncadas ya que la investigación de la Fiscalía por robo y exportación ilegal se encontraba en curso, a lo que se sumó una detención del año 2020, por el delito de receptación, habría hecho que se bajara de competir en las pasadas elecciones.
Actualmente en prisión preventiva, San Martín es sindicado por la Fiscalía como el líder de esta red dedicada al robo de cobre, especialmente de cables desde el tendido eléctrico, los cuales eran posteriormente enviados a fundiciones y exportados de forma ilegal a India y Bélgica.
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