Con la finalidad de prevenir la infiltración del crimen organizado en el actual proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará un modelo de riesgo enfocado en la fiscalización de ingresos y gastos de campaña, una estrategia que busca identificar posibles vínculos de candidaturas con actividades ilícitas.
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Este mecanismo se aplicará de forma paralela al ya conocido procedimiento de “8 de 8 contra la violencia”, y estará basado principalmente en el análisis financiero de los aspirantes. Hasta el momento, el órgano electoral ha recibido comprobantes de gastos que superan los 20 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de los recursos movilizados en estas campañas.
Entre las reglas establecidas por el INE, se contempla que los candidatos al Poder Judicial puedan destinar hasta 1.4 millones de pesos de recursos propios, siempre dentro de un marco de normativas estrictas diseñadas para asegurar la transparencia del proceso.
Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que cuando existan indicios de irregularidades o vínculos delictivos en el manejo de recursos, el Instituto dará aviso inmediato a la Fiscalía de Delitos Electorales para que se realicen las investigaciones pertinentes. Asimismo, subrayó que esta revisión financiera no sustituye, sino que complementa otras vías de control, como la verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad, incluyendo antecedentes judiciales o situación legal de los aspirantes.
La funcionaria también aclaró que, si se detecta que una candidatura incurre en alguno de los supuestos prohibidos, como deudas alimentarias, sentencias por violencia o estar prófugo de la justicia, se procederá a elaborar un proyecto de resolución para retirarla del proceso. Este procedimiento —indicó— ha sido aplicado en elecciones anteriores y seguirá vigente como parte de la responsabilidad del INE de garantizar candidaturas limpias y legales.
En palabras de Humphrey, lo que busca el Instituto es mantener la integridad del proceso, sobre todo tratándose de cargos tan relevantes como los del Poder Judicial, que deben estar libres de cualquier tipo de sospecha o injerencia criminal.
Foto: El Ciudadano
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